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La larga historia de una tensa relación con el poder
Martínez de Hoz, Cavallo y Lavagna intentaron influir; Kirchner lo intervino
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LA NACIONMartín Kanenguiser
La polémica generada por el proyecto para reformar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no es nueva e incluso tiene varios antecedentes en la Argentina, que llegan hasta, por lo menos, la década del 70. Sin embargo, los conflictos de intereses con los números públicos nunca alcanzaron la profundidad que tuvo el desmantelamiento del organismo en la última década kirchnerista.
El primer ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, utilizó un índice de precios al consumidor (IPC) "descarnado", es decir, sin incluir el rubro carne, porque argumentaba que distorsionaba el dato de inflación. En realidad, era la manera de lograr un índice más bajo.
En su momento, el todopoderoso ministro del menemismo, Domingo Cavallo, se quejaba porque el Indec difundía cifras de desempleo superiores a las deseadas por el gobierno, mientras que durante el gobierno de Néstor Kirchner el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, se atrevió a cuestionar las cifras de pobreza oficiales que brindaba el organismo estadístico y propuso uno alternativo. Nunca se hizo.
La intervención
Sin embargo, cualquier crítica desde el gobierno de turno o intento de cambio de las estadísticas en la historia reciente agentina es incomparable con el desastre institucional registrado desde enero de 2007, cuando el kirchnerismo ordenó la intervención de hecho del organismo para alterar las principales estadísticas públicas a las órdenes del secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Así lo reflejó un informe de cinco universidades públicas y la sanción por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se comenzó falseando el IPC, pero se terminó destruyendo todo el sistema (los datos de pobreza, el PBI y el desempleo, entre otros).
El actual proyecto oficial plantea la autonomía del Indec -ya que actualmente depende del Ministerio de Hacienda-, pero en el instituto tienen dudas sobre la posibilidad de que haya alguna injerencia política. En Hacienda juran que la iniciativa garantiza más que ahora que las cifras, la metodología y los funcionarios del organismo no sean influenciados por el poder político.
