Plus Ultra: del rescate de los 53 millones de euros al laberinto judicial que salpica a políticos españoles y capitales venezolanos
La línea aérea empezará a volar entre Buenos Aires y Madrid y fue salvada con fondos públicos de España; investigan un presunto blanqueo y el rol de Rodríguez Zapatero
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LA NACIONDiego Cabot
En marzo de 2021, en plena pandemia, el gobierno español aprobó un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas. Era época de Covid y la emergencia justificaba esos apoyos. Sin embargo, jamás quedó claro el motivo de esa cantidad de millones para una empresa que tenía menos de 1% del mercado. Pasó el tiempo y varias investigaciones judiciales ligan a esta firma con el socialismo español, con la familia de José Luis Rodríguez Zapatero y con capitales que presuntamente podrían venir del régimen venezolano.
Después de las detenciones de algunos de sus ejecutivos, juicios y sospechas, la empresa empieza a cubrir la ruta entre Buenos y Madrid. El primer vuelo partirá de la capital española el 23 de mayo y llegará a Ezeiza al día siguiente. Esos son los planes de una primera etapa en la que tendrá dos frecuencias semanales. A partir de junio, dicen, sumará otra más hasta llegar al vuelo diario en dos años. Traerá consigo miles de pasajeros por mes y, con ellos, una bodega llena de sospechas, pruebas y suspicacias que jamás se despejaron.
La historia de Plus Ultra empezó cuando 53 millones de euros partieron del fondo de apoyo a empresas estratégicas administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un instrumento que se creó para evitar que compañías golpeadas por el Covid-19 desaparecieran.
La decisión, que en ese momento pasó casi desapercibida en el contexto de la emergencia sanitaria, terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del programa de rescates empresariales de España. Plus Ultra era una aerolínea muy pequeña con apenas 0,1% del mercado y unos 156.000 pasajeros antes de la pandemia. En ese momento, operaba una red limitada de rutas, principalmente entre Madrid y algunas capitales de América Latina.
Cuando el Covid cedió y empezó el repaso de las medidas extraordinarias, el caso empezó a ocupar a competidores y sectores políticos que cuestionaron que una compañía de ese tamaño pudiera ser considerada “estratégica” para el país.
La polémica se instaló y el gobierno socialista defendió la ayuda alegando que sostenía 350 empleos directos y unos 2500 indirectos, además de decir que mantenía conexiones con comunidades latinoamericanas en España.
El rescate se transformó rápidamente en un campo de batalla político. Dirigentes del Partido Popular, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionaron la decisión y reclamaron explicaciones sobre el proceso que llevó a considerar estratégica a la aerolínea. Hubo, también, denuncias judiciales promovidas por organizaciones de la sociedad civil como Manos Limpias.
Pero el caso volvió a tomar impulso en los tribunales por otra vía. Investigaciones posteriores empezaron a poner la lupa sobre los flujos financieros alrededor de la compañía y su entorno empresarial, en particular por la participación de inversores vinculados a Venezuela. A partir de allí se abrió una causa más compleja, que hoy analiza posibles delitos de blanqueo de capitales y pagos de consultoría que circularon entre distintas sociedades vinculadas al negocio.
En ese entramado aparece una consultora llamada Análisis Relevante, que habría prestado servicios de asesoramiento vinculados a la aerolínea. Parte de los fondos que pasaron por esa sociedad terminaron en distintos contratos de consultoría y comunicación.
Entre las empresas que habrían trabajado para esa consultora figura WhaTheFav, una firma vinculada a las hijas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que habría realizado trabajos de diseño y comunicación para informes elaborados en el marco de esos servicios.
La investigación judicial aún intenta determinar si esos contratos correspondían a trabajos reales de consultoría o si, por el contrario, formaban parte de un circuito de pagos que podría haber servido para canalizar comisiones o retribuciones vinculadas al rescate. Por ahora, la causa sigue abierta y bajo análisis de la Justicia española. Los implicados han negado irregularidades y sostienen que los servicios prestados fueron legítimos y declarados.
Uno de los puntos más sensibles del caso de Plus Ultra Líneas Aéreas es la entrada de capital venezolano en su estructura accionaria, que se consolidó a partir de 2017 a través de la sociedad Snip Aviation, controlada por empresarios vinculados al entorno empresarial de Caracas. Entre los nombres que aparecen en esa red figuran Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie, empresarios que operaban en España pero con conexiones comerciales en Venezuela. En el trasfondo de ese grupo aparece el magnate venezolano Camilo Ibrahim Issa, señalado por investigaciones periodísticas como una figura clave en el entramado empresarial que rodea a la aerolínea y con vínculos con dirigentes del chavismo.
La causa judicial abierta en España se concentra por estos días en establecer si parte del dinero que circuló alrededor de la compañía pudo tener origen en operaciones financieras vinculadas a Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción de España investiga una presunta trama de blanqueo de capitales en la que se analiza si fondos procedentes de negocios en ese país —incluyendo operaciones vinculadas al comercio de oro o a programas de alimentos— pudieron haberse canalizado a través de sociedades relacionadas con la aerolínea. Incluso fiscalías de Francia y Suiza solicitaron cooperación judicial para seguir el rastro de esos movimientos financieros internacionales.
El nombre del expresidente español Rodríguez Zapatero, cuya relación política con el chavismo es conocida por su rol como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, circuló con mucha fuerza en torno a la investigación. El exmandatario tiene fuertes vínculos tanto con Venezuela como con el gobierno español de Pedro Sánchez, gestor de aquel rescate.
La investigación sostiene que el empresario Julio Martínez, considerado un intermediario de Plus Ultra con contactos en Venezuela, contrató a Zapatero como consultor a través de la sociedad Análisis Relevante, que le pagó unos 70.000 euros anuales durante varios años. Zapatero admitió esos trabajos de asesoría, pero negó haber tenido cualquier papel en el rescate público de 53 millones de euros que recibió la aerolínea en 2021 o haber influido en decisiones del gobierno español.
El 11 de diciembre de 2025, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española realizó un operativo en la sede de la aerolínea en Madrid y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada al rescate estatal recibido por la empresa durante la pandemia.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, que además dispuso registros en la sede de la aerolínea y la incautación de documentación y dispositivos informáticos para analizar los movimientos financieros de la empresa.
Tras pasar a disposición judicial, los directivos quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado mientras continúa la investigación.
Según la prensa española, los arrestos se produjeron tras registros policiales y el secuestro de documentación y equipos informáticos, en una causa que permanece bajo secreto de sumario y que busca determinar si parte del dinero que circuló alrededor de la aerolínea pudo haber sido utilizado para canalizar fondos de origen venezolano a través de préstamos y operaciones financieras internacionales. La investigación analiza también si esos movimientos estuvieron relacionados con el uso del rescate estatal otorgado a la compañía.
Cinco años después de los 53 millones de euros, el caso Plus Ultra se convirtió en algo más que una discusión sobre una aerolínea pequeña. Para algunos, es el ejemplo de cómo se distribuyeron los fondos de emergencia durante la pandemia; para otros, un episodio donde se mezclan política, negocios internacionales y consultorías privadas. En cualquier caso, el expediente todavía está lejos de cerrarse. Así, con las bodegas llenas de sospechas, aterrizará en Buenos Aires en pocos días.
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