“Política industrial fallida”: fuerte crítica del Banco Mundial al régimen de Tierra del Fuego

“Las políticas industriales están nuevamente en agenda”, remarcó Will Maloney, economista jefe en el Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, en la conferencia de presentación de los resultados del informe Panorama Económico de América Latina y el Caribe. Y en el análisis del caso argentino, la evolución de la economía y las sucesivas medidas y programas impulsadas en las últimas décadas, los economistas del Banco Mundial se refirieron al Régimen de Promoción de Tierra del Fuego como un caso de “política fallida”.

En el documento, los analistas del organismo presentan un conjunto de políticas recomendadas para los gobiernos, destinadas a potenciar el crecimiento de la región, y en esa revisión con recomendaciones se refirieron a las políticas de promoción en la isla, creadas en 1972, como un caso “fallido” que no debería replicarse.

En particular, advierten que este esquema, que introdujo ventajas aduaneras e impositivas para las empresas radicadas en esa zona, estuvo “empañado por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”.

En términos absolutos, estiman que el costo fiscal para el Estado argentino fue de US$1070 millones anuales, “sin lograr mejoras tecnológicas o de productividad significativas”.

El esquema de promoción industrial de Tierra del Fuego fue establecido en 1972, con el objetivo de generar estímulos económicos para el asentamiento de empresas y de población en la isla. En 2011, fue prorrogado en el Congreso, y se extendió su vigencia hasta 2028.

“La actividad que apoya no es autosuficiente. Las empresas involucradas siguen siendo viables principalmente gracias a las importantes transferencias fiscales, más que a los aumentos de su productividad o capacidad tecnológica”, afirmaron los autores del Banco Mundial, y agregaron: “Esta dinámica refuerza la dependencia del apoyo gubernamental y aumenta los costos económicos a largo plazo de mantener el régimen, lo que pone de relieve los desafíos de revertir políticas industriales arraigadas pero ineficaces”.

Si bien la isla, entre 1973 y 2022, incrementó su población (pasó de 13.000 a 190.000 habitantes, según los datos del último censo), uno de los objetivos que fundamentaron la creación del régimen, los analistas advierten por sus carencias en términos productivos. La estimación del costo de US$1070 millones anuales fue realizada por el think tank Fundar, en un trabajo dirigido por Tomás Bril Mascarenhas, director de Política Productiva de esa organización, y el economista Juan Carlos Hallak, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet.

Entre las “fallas de diseño” del régimen, los autores del Banco Mundial advierten que “las exenciones arancelarias a las importaciones en el archipiélago brindan a las empresas participantes una ventaja de costos sobre los productores” en el continente, y que “la aplicación de un crédito sobre el impuesto al valor agregado (IVA) sobre el valor de facturación tiene por objeto recompensar la creación de valor nacional en Tierra del Fuego, pero no fomenta la innovación en la práctica porque las empresas locales generan poco o ningún valor agregado real”.

Por Esteban Lafuente

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