Adorni: no aclare que oscurece
La declaración del jefe de Gabinete ante la Oficina Anticorrupción, admitiendo que ocultó su patrimonio, no puede derivar en otra cosa que no sea su renuncia
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La permanencia de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete se ha vuelto insostenible, no porque exista aún una condena judicial en su contra ni porque se haya probado de manera definitiva la comisión de un delito, sino por una razón más elemental: ha erosionado gravemente la confianza pública.
Un funcionario que ocupa semejante cargo no puede admitir que ocultó durante años una parte sustancial de su patrimonio, rectificar luego sus declaraciones juradas y pretender que nada haya cambiado. Hasta sus compañeros de ruta política lo critican con dureza y muestran un creciente fastidio, por ahora casi exclusivamente en privado. Está demostrado que la esencia del “ser” no se sostiene por sí sola. La completa el “parecer”.
La Argentina tiene una tan nefasta como penosa historia de funcionarios que confundieron la exigencia ética de la función pública con una cuestión insustancial. No todo lo que compromete la continuidad de un funcionario debe esperar una sentencia firme. Le caben responsabilidades políticas, éticas y morales insoslayables que deben ser asumidas con prescindencia de las judiciales y anticipándose a ellas. Cuando quien administra la coordinación ministerial reconoce que omitió informar activos por una suma cercana al medio millón de dólares, la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un grave problema institucional. Adorni ha intentado aclarar tardíamente y no ha hecho más que oscurecer su situación.
La última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA), en la que admite tener un patrimonio de 627 millones de pesos, muestra diferencias significativas respecto de las precedentes.
No todo lo que compromete la continuidad de un funcionario debe esperar una sentencia firme. Existen responsabilidades políticas, éticas y morales que deben ser asumidas con prescindencia de las judiciales y anticipándose a ellas
La incorporación de propiedades, de otros bienes y fondos que hasta ahora no habían sido informados -tenencias en efectivo, activos provenientes de operaciones con criptomonedas, entre otros ítems- plantean interrogantes difíciles de disipar, más aún cuando el propio funcionario había sostenido, pública y acaloradamente, una versión distinta sobre su evolución patrimonial.
Por tal razón, la discusión de fondo trasciende hoy el origen de esos recursos, aspecto que ciertamente corresponde esclarecer a la Justicia. Resulta inadmisible que un jefe de Gabinete reconozca haber mantenido fuera de sus declaraciones oficiales información relevante y pretenda continuar en funciones como si se tratara de una simple desprolijidad administrativa, de un error contable o de un inocente olvido.
Los funcionarios públicos administran un activo tan intangible como inestimable: la credibilidad. Una vez dañada, su capacidad para ejercer la autoridad queda inevitablemente disminuida. La confianza se construye a partir de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y, en este caso, la contradicción es demasiado evidente para ser ignorada. Ha pasado ya de castaño oscuro.
Resulta inadmisible que un jefe de Gabinete reconozca haber mantenido fuera de sus declaraciones oficiales información relevante y pretenda continuar en funciones como si se tratara de una simple desprolijidad administrativa, un error contable o un inocente olvido
Por eso, sorprende y preocupa la decisión del presidente Javier Milei de sostener a su principal colaborador político, pese a la magnitud del escándalo. Durante la campaña electoral y desde el inicio de su gestión, Milei ha venido haciendo de la transparencia, la ejemplaridad y la intolerancia frente a las conductas impropias una de sus principales banderas. Mantener a Adorni en el cargo entra en abierta tensión con ese discurso.
La contradicción se vuelve todavía más notoria si se recuerda que el Presidente prescindió de numerosos funcionarios por motivos mucho menos graves. Ministros, secretarios y colaboradores de menor rango de distintas áreas fueron apartados por desacuerdos internos, errores de gestión y a veces mínimas diferencias de criterio. En esos casos prevaleció la idea de preservar el rumbo del Gobierno por encima de cualquier situación personal. Resulta difícil comprender por qué ese criterio no se aplica ahora.
Por lo demás, la defensa irrestricta de Adorni expone innecesariamente al Presidente. Lo obliga a asumir un problema que debería ser resuelto por quien lo generó, deshonrando el cargo para el que fue designado por el propio jefe del Estado.
En la Cámara de Diputados, varios bloques opositores convocaron el jueves último a una sesión especial para el 23 del corriente mes con el objetivo de interpelarlo y explorar una eventual moción de censura, pues consideran que, con su abrupto giro discursivo, el funcionario ha cometido una “falta grave”. Aunque por el momento no existen los votos necesarios para concretarla -el mecanismo exige mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso-, el solo hecho de que la discusión haya ingresado formalmente en la agenda parlamentaria refleja la gravedad política que ha adquirido el caso.
Tampoco resulta menor la decisión de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, de acelerar su comparecencia ante la Cámara alta para este mes. Sin embargo, Adorni respondió que solo concurrirá en julio al Senado, pese a que el artículo 101 de la Constitución nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las Cámaras del Congreso, para informar sobre la marcha del gobierno. Desde que asumió el cargo, en noviembre de 2025, Adorni no se presentó nunca ante la Cámara alta. Sí lo hizo en Diputados, donde una y otra vez negó que hubiera incurrido en enriquecimiento ilícito, aunque se negó a dar pruebas de lo que ahora acaba de presentar ante la OA.
Durante la campaña electoral y desde el inicio de su gestión, Milei ha venido haciendo de la transparencia, la ejemplaridad y la intolerancia frente a las conductas impropias una de sus principales banderas. Mantenerlo en el cargo entra en abierta tensión con ese discurso
Como siempre hemos sostenido desde estas columnas, corresponderá a los tribunales determinar si existieron delitos, irregularidades o responsabilidades que merezcan sanción. Pero Adorni ha mentido públicamente y ha reconocido hechos que lo inhabilitan para seguir ejerciendo su función, colocando al Gobierno en una posición defensiva, con todo lo que ello implica.
Todo este escándalo político debería zanjarlo el propio Adorni, cuya conducta pendenciera, negadora y arrogante desde los tiempos en que ejercía la vocería presidencial, no ha sido ni sigue siendo acorde con sus sucesivas investiduras. Es él quien debe evitar que las explicaciones sobre su patrimonio sigan erosionando a quien más debería defender. Su renuncia debió haberse producido hace tiempo y hoy resulta ya inevitable.
Tipo de trabajo:
opinión
