Voluntarios buscan sobrevivientes del terremoto en Venezuela y denuncian a policías por saquear edificios destruidos

LA GUAIRA, Venezuela.– Mientras los equipos oficiales avanzan con lentitud y bajo crecientes cuestionamientos, decenas de volualgo mntarios civiles lideran las tareas de rescate en las zonas más devastadas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela hace una semana, en medio de denuncias por irregularidades, saqueos y restricciones al acceso humanitario.

Alexander Delgado, profesor de educación física en el estado Aragua, dejó su rutina diaria para encabezar un grupo improvisado de rescate en La Guaira, la región más afectada por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. Con conocimientos básicos de primeros auxilios, coordina a vecinos y voluntarios llegados de distintos puntos del país, quienes trabajan con herramientas rudimentarias como palas, cuerdas y sus propias manos. “Acá ves pura gente de la comunidad. Están los bomberos y algunos equipos internacionales, pero no ves al Estado como tal”, dijo Delgado, tras cinco días consecutivos removiendo escombros bajo el intenso calor caribeño.

Miguel Poleo, otro rescatista, busca entre los escombros a familiares desaparecidos. “Hace días avisamos que hay sobrevivientes. Tocan, piden ayuda, pero vienen un rato y se van. No colaboran”, denunció.

Las tareas se concentran en complejos habitacionales colapsados, como el conjunto Hugo Chávez, donde seis de sus ocho torres quedaron reducidas a escombros. Allí, los rescatistas civiles dependen del apoyo de otros voluntarios que les proveen agua, hielo, mascarillas e información clave para ubicar posibles sobrevivientes.

Hasta el martes, seis días después del desastre, la presencia institucional seguía siendo limitada: dos equipos internacionales, algunos bomberos locales y un camión forense, pero sin maquinaria pesada suficiente para acelerar la búsqueda. Ese mismo día, un equipo halló el cuerpo de una mujer atrapada entre los restos de concreto, lo que obligó a suspender momentáneamente las tareas hasta la llegada de las autoridades.

La respuesta oficial fue objeto de fuertes críticas. Voluntarios denuncian obstáculos por parte de fuerzas de seguridad, incluyendo intentos de bloquear la ayuda, apropiarse de donaciones e incluso saquear estructuras colapsadas. El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que funcionarios han atribuido las críticas a “desinformación” en redes sociales.

La tensión aumentó luego de que el gobierno restringiera el acceso a La Guaira el viernes, medida que generó indignación entre quienes buscaban colaborar en las tareas de rescate. Un funcionario en un puesto de control aseguró haber presenciado cómo efectivos policiales y militares se apropiaban de suministros transportados en camiones de ayuda.

Varios policías del régimen venezolano fueron sorprendidos con grandes cantidades de billetes de dólares saqueados de apartamentos destruidos en el punto cero del desastre en La Guaira. En medio de la indignación pública, la gente arrebató los fajos de dinero de sus manos y destrozó los billetes.

Videos difundidos en redes sociales muestran a uniformados retirando objetos de valor entre los escombros. Sin embargo, las autoridades confirmaron la detención de cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), acusados de sustraer dinero en efectivo hallado en la zona del desastre.

Según un comunicado oficial, los funcionarios —identificados como Aguilar Reyes, Fredy Lugo, Roger Andrés Omaña y Josué Burgos— fueron separados de forma permanente y puestos a disposición de la justicia. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, calificó los hechos como “indecentes y vergonzosos” y prometió sanciones ejemplares.

A pesar de estas denuncias, algunos testigos señalaron que ciertos miembros de las fuerzas de seguridad sí participan activamente en las labores de rescate o colaboran a pedido de los vecinos.

Por otro lado, organizaciones no gubernamentales retomaron sus actividades en el terreno, tras haber sido limitadas por regulaciones impuestas en 2024. Roberto Patiño, fundador de la ONG Alimenta La Solidaridad, indicó que su equipo distribuye alimentos, medicinas, equipos y sistemas de comunicación en las zonas más afectadas.

“Estamos tratando de demostrar que nuestro trabajo es apoyar a las comunidades, no algo por lo cual debamos ser perseguidos”, afirmó.

El desastre, que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dejó daños estimados en 6700 millones de dólares, ocurre en un contexto político delicado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta consolidar su poder tras la salida de Nicolás Maduro en enero, mientras crece el malestar social por la gestión de la emergencia.

Desde el exterior, Estados Unidos prometió 350 millones de dólares en ayuda y desplegado equipos de rescate, además de colaborar en la reparación del aeropuerto. Sin embargo, persisten dudas sobre el manejo de fondos provenientes de ingresos petroleros.

“Si bien la respuesta ha sido sólida, también plantea interrogantes sobre la transparencia”, señaló el exembajador estadounidense Jimmy Story.

Agencias ANSA y Reuters

LA NACION

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