Gracias a Abbott: Arizona se acerca a aplicar su propia ley migratoria contra los cruces de frontera ilegales
Luego del fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que favoreció al gobierno de Texas, el estado vecino tiene la oportunidad de reactivar su normativa
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LA NACION
Arizona quedó un paso más cerca de poner en marcha su propia normativa estatal para detener a personas que crucen la frontera de manera irregular desde México, luego de un fallo en Texas que reactivó el debate sobre el alcance de los estados en materia migratoria.
El fallo en Texas que impacta directamente en Arizona
Según informó Arizona Capitol Times, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito desestimó el viernes una impugnación contra la ley SB 4 de Texas, una norma con un texto prácticamente idéntico a una de las secciones de la Proposición 314 de Arizona.
La mayoría del tribunal concluyó que los grupos que buscaban declarar inconstitucional la ley texana no tenían legitimidad procesal suficiente para presentar la demanda. Es decir, no contaban con el “standing” legal necesario para sostener el caso ante la Justicia federal.
Ese detalle técnico tiene enormes consecuencias políticas y jurídicas para Arizona. La Proposición 314 incluye expresamente una cláusula que condiciona su entrada en vigor a que la ley SB 4 de Texas sea considerada legal.
Por eso, el nuevo escenario judicial abre la puerta a que la legislación aprobada por los votantes arizonenses pueda comenzar a aplicarse si no aparece un nuevo freno desde la Corte Suprema.
La medida fue respaldada en las urnas en 2024 por una diferencia superior a tres votos contra dos, lo que mostró un fuerte apoyo ciudadano a una política más dura contra los cruces fronterizos ilegales.
Qué establece la Proposición 314 de Arizona
La Proposición 314 no se limita únicamente a la inmigración irregular. La iniciativa contiene varias disposiciones penales, aunque el eje político y mediático está puesto en la creación de un nuevo delito estatal vinculado al ingreso ilegal desde México.
Entre sus principales puntos se encuentran:
- El aumento de las penas por venta de fentanilo cuando esa operación termina provocando una muerte.
- La tipificación como delito estatal del uso de documentos falsos para solicitar beneficios públicos o conseguir empleo.
- La criminalización del ingreso o intento de ingreso a Arizona desde México fuera de un puerto oficial de entrada.
La norma establece que será delito para “un extranjero” entrar o intentar entrar directamente a Arizona desde México por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada autorizado. La infracción se clasifica como un delito menor de Clase 1, lo que generalmente implica hasta seis meses de cárcel.
El poder de los jueces y las expulsiones en la normativa de Arizona
La ley contempla que, en lugar de ordenar prisión, los jueces puedan disponer que la persona regrese al país desde el cual ingresó o a su nación de origen. Incluso, los magistrados tendrían autoridad para ordenar a agencias estatales o locales de seguridad que transporten a esa persona hasta un puerto de entrada.
Ese punto revive uno de los principales choques constitucionales: si un estado puede intervenir directamente en decisiones migratorias que tradicionalmente fueron competencia exclusiva del gobierno federal.
La posibilidad de que tribunales estatales dispongan retornos y que policías locales participen activamente en ese proceso es precisamente lo que generó el mayor rechazo entre organizaciones de derechos civiles y especialistas en derecho migratorio.
El antecedente de la SB 1070 y la batalla de 2012
El debate no es nuevo en Arizona. La discusión remite a la SB 1070 de 2010, una ley migratoria estatal. En 2012, la Corte Suprema revisó esa normativa y permitió que algunas partes siguieran vigentes, como la obligación de que la policía verifique el estatus migratorio de una persona detenida por cualquier motivo cuando exista una sospecha razonable de que se encuentra indocumentada.
Los jueces anularon otras secciones, entre ellas la que autorizaba arrestos sin orden judicial cuando los agentes creían que una persona violaba leyes federales de inmigración.
El entonces juez Anthony Kennedy, al escribir la opinión mayoritaria, sostuvo que esa disposición entraba en conflicto con la legislación federal porque permitía que el estado decidiera por sí mismo si correspondía una detención, sin participación del gobierno federal.
Ahora, los republicanos texanos que impulsaron la SB 4 consideran que este nuevo litigio podría llevar a la Corte Suprema a revisar nuevamente ese precedente, esta vez ante una composición más conservadora del máximo tribunal, explicó Arizona Capitol Times.
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