Deportaciones masivas: la CBP podría expulsar a migrantes con residencia ante la sola sospecha de un delito

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una sentencia que modifica el alcance de las facultades migratorias aplicadas a algunos titulares de residencia permanente legal cuando regresan del exterior. En el caso Blanche v. Lau, el tribunal sostuvo que los agentes fronterizos no necesitan pruebas claras y convincentes en el momento del ingreso para tratar a un migrante con green card como solicitante de admisión si se lo acusa de ciertos delitos contemplados por la ley.

Por seis votos contra tres, la mayoría del tribunal concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no exige que los agentes fronterizos cuenten con pruebas concluyentes en el momento del ingreso para activar el procedimiento de “solicitantes de admisión”.

“Le van a confiscar temporalmente su tarjeta de residencia y de ahí tendrá que ir (el residente) a ver a un juez de inmigración para que solamente el juez decida si esa persona puede seguir siendo residente o no”, explicó a Univision Jaime Barrón, abogado de inmigración.

Hasta ahora, los residentes permanentes que regresaban después de viajes breves eran considerados personas previamente admitidas en el país norteamericano. Bajo esa condición, no debían atravesar nuevamente un proceso de admisión migratoria.

“Nos negamos a interpretar en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) una carga adicional de evidencia clara y convincente sobre los oficiales fronterizos encargados de tomar decisiones rápidas en el acto cuando esa carga no figura en ninguna parte del estatuto o incluso en los precedentes de la Junta", detalló el juez Clarence Thomas en el fallo judicial.

De acuerdo con ese criterio, las decisiones adoptadas en los puestos de control pueden apoyarse en información disponible en ese instante, lo que incluye investigaciones o cargos pendientes.

El fallo distingue dos momentos dentro del procedimiento:

• El primero ocurre en la frontera, donde la sospecha de que una persona incurrió en un delito puede ser suficiente para que sea considerada solicitante de admisión.
• La segunda instancia se desarrolla ante un juez de inmigración. Allí el gobierno deberá aportar los elementos necesarios para sostener la acusación de inadmisibilidad y justificar una eventual remoción del país norteamericano.

Sin embargo, la sentencia no autoriza una deportación automática ni permite expulsar a cualquier residente permanente por una sospecha genérica.

“Esto está creando más confusión y más preguntas que respuestas. No sabemos cuáles son los parámetros específicos de los antecedentes penales”, indicó a Univision Xochitl Oseguera, integrante de la organización Mamás en Acción.

Uno de los efectos de esta interpretación es la posibilidad de que el residente sea autorizado a ingresar mediante un permiso temporal conocido como parole, mientras su situación se resuelve. Bajo ese esquema, la persona puede permanecer físicamente en EE.UU., aunque su situación migratoria queda sujeta al resultado del procedimiento correspondiente.

Durante ese período también pueden adoptarse medidas relacionadas con su documentación migratoria. Esa situación puede generar dificultades para realizar trámites vinculados al empleo, servicios financieros, vivienda o cobertura médica mientras el caso permanece abierto.

“Pienso que es un poco injusto porque no se nos dijo cómo es que exactamente van a seleccionar a la gente que ellos piensen que tienen delitos en este país”, señaló la ciudadana Evelyn Bastian.

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