Ron DeSantis frena el aumento al impuesto a la propiedad: la nueva ley que firmó en Florida

El gobernador Ron DeSantis firmó este miércoles 24 de junio en Bradenton una norma vinculada a su plan de reforma del impuesto a la propiedad en Florida. El proyecto modifica las reglas que deben seguir condados, ciudades y distritos especiales cuando buscan fijar o aumentar las tasas locales del impuesto inmobiliario, en paralelo con la enmienda constitucional que los votantes decidirán en noviembre.

En un evento celebrado en Bradenton, DeSantis firmó el proyecto de ley CS/SB 4-F, titulado Administración del Impuesto sobre la Propiedad. En síntesis, la disposición actúa sobre la manera en que los gobiernos locales incrementan los impuestos para los residentes, con el objetivo de impedir aumentos desmedidos.

La ley apunta a limitar la capacidad de los gobiernos locales para elevar el millage rate, la tasa utilizada para calcular los property taxes.

“En Florida, a nivel estatal, tenemos la menor cantidad de carga fiscal en todo el país. No tenemos impuesto sobre la renta, eliminamos algunos impuestos desde que estoy aquí, pero con lo que creo que la gente ha estado lidiando es con el costo asociado con los inmuebles, especialmente con el impuesto a la propiedad”, declaró el gobernador en el inicio de la rueda de prensa.

Al respecto, remarcó luego las diferencias que existen entre los presupuestos que tenían los gobiernos locales cuando asumió el mando y los números actuales. “Analizamos que desde el 2019 hasta el presente el impuesto a la propiedad de los gobiernos locales se ha duplicado; fue de menos de 30 mil millones de dólares a US$60 mil millones”, resaltó.

La legislación modifica las limitaciones sobre la tasa de millaje máxima que las unidades de gobierno local pueden imponer. Esta medida corresponde a la tasa utilizada para calcular el impuesto sobre la propiedad, por lo que estas revisiones limitan directamente la capacidad de los gobiernos locales para aumentar los impuestos por encima de ciertos niveles.

Asimismo, la ley impone directrices sobre cómo los gobiernos locales deben manejar el proceso de fijación de impuestos. Bajo el estatuto 200.068, se refuerzan los mecanismos para que estas autoridades certifiquen que cumplen con las normativas estatales de administración tributaria.

Según el esquema aprobado por la Legislatura estatal, las autoridades locales necesitarán mayorías más exigentes si buscan aprobar aumentos por encima de determinados límites.

Si bien no especificó números concretos, el gobernador resaltó la medida como “un gran recorte al impuesto sobre la propiedad”, aunque reconoció que no es una eliminación completa.

“No creo que esto sea el final del impuesto a la propiedad, creo que tenemos una oportunidad como estado que atrae a muchos visitantes y personas que pagan impuestos aquí pero no tienen su residencia principal, podemos nivelar eso para el beneficio de nuestros residentes”, sostuvo.

Por otra parte, la disposición también regula la forma en que se presentan los cambios tributarios a la población. Mediante la firma de la ley, el gobernador permitió que el resumen de la boleta electoral para propuestas de enmiendas constitucionales relacionadas exceda el límite de palabras habitual. Esto busca proporcionar una explicación más detallada de las revisiones fiscales antes de que sean votadas.

Además de restringir el aumento desmedido de los impuestos, la ley habilita al gobierno estatal a entregar subsidios a los gobiernos locales que lo necesitan para fines prácticos. En esa línea, establece un sistema de compensación:

• Compensación por pérdida de ingresos: incluye disposiciones para compensar a los “condados con dificultades fiscales” (fiscally constrained counties) por la pérdida de ingresos que sufran debido a estas exenciones o límites tributarios.
• Fondos estatales para compensar exenciones: permite el uso de fondos estatales para cubrir los “huecos” dejados por las enmiendas constitucionales que favorecen a los propietarios.

La ley, presentada como proyecto a finales de mayo, fue aprobada por ambas cámaras, firmada por funcionarios legislativos y presentada al gobernador el 23 de junio. Ahora, con su firma, se convierte en legislación oficialmente.

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