La nueva unidad del DHS contra los inmigrantes con green card: “Potencialmente deportables”

El gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva unidad dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para revisar antecedentes de inmigrantes con residencia permanente. El programa busca identificar casos vinculados al fraude migratorio o situaciones consideradas de riesgo para la seguridad nacional.

Qué investiga la nueva unidad del DHS

Según datos internos citados por The New York Times, hasta comienzos de mayo se habían revisado o estaban bajo análisis cerca de 2890 expedientes. De ese total, más de 500 seguían en evaluación y alrededor de 50 personas fueron consideradas “potencialmente deportables”.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal de estas revisiones es detectar inconsistencias en trámites aprobados entre 2021 y 2024 durante la administración Biden. Entre los puntos revisados aparecen presuntas declaraciones falsas, omisión de antecedentes penales y errores administrativos en expedientes migratorios.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) sostuvo que durante la administración anterior existieron controles insuficientes en los procesos de aprobación de beneficios migratorios. Bajo ese argumento, el gobierno ordenó una nueva verificación de antecedentes sobre millones de casos.

“Si ya cometieron fraude y creen que se han salido con la suya, vamos a revisar sus casos”, aseguró el director del Uscis, Joseph Edlow, durante una entrevista con One America News, que luego compartió en X.

De acuerdo con datos presentados ante el Congreso, durante el año fiscal 2025 se registraron casi 33.000 remisiones para investigación, una cifra superior a la de años anteriores.

Revisan green cards y otros beneficios aprobados durante el gobierno de Biden

La revisión alcanza a personas que obtuvieron residencia permanente, permisos humanitarios o solicitudes de asilo durante la presidencia de Joe Biden y contempla la reapertura de expedientes para verificar si los solicitantes cumplían con todos los requisitos.

Según estimaciones basadas en datos del Migration Policy Institute, cerca de 4,3 millones de residencias permanentes otorgadas entre 2021 y 2024 podrían quedar sujetas a controles adicionales.

Las normas migratorias permiten iniciar procedimientos de revocación dentro de los primeros cinco años posteriores a la aprobación si se detecta que el solicitante no calificaba legalmente. También habilitan la cancelación del estatus en cualquier momento en casos de fraude o delitos.

Críticas por el alcance y el uso de recursos

Datos internos retomados por The New York Times indicaron que solo alrededor del 2% de los expedientes revisados fueron considerados aptos para iniciar un proceso de deportación. Según el medio estadounidense, esa cifra generó cuestionamientos de exfuncionarios y especialistas en seguridad nacional sobre el uso de recursos federales destinados al programa.

El Uscis indicó que los cambios forman parte de un “reajuste organizativo” destinado a reforzar controles internos y proteger el sistema migratorio.

“La agencia está evolucionando a través de reajustes organizativos para proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y apoyar nuestras prioridades de misión”, aseguró Zach Kahler, portavoz del organismo, a The New York Times.

Las autoridades explicaron que, si se confirma una irregularidad tras un proceso administrativo o judicial, los inmigrantes afectados podrían perder la residencia permanente o el beneficio migratorio correspondiente; en algunos casos, eso puede derivar en procesos de remoción.

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