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Los inagotables debates argentinos
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PARA LA NACIONPablo Mendelevich
No solo condensó argentinidad “Esperando la carroza” con la escena tan evocada por estas horas de las tres empanadas. “Yo soy un tipo progresista, pero esto es libertinaje”, decía en “Cien veces no debo”, encarnando a Julio Siri, el genial Luis Brandoni, inmenso traductor de la identidad argentina, quien lamentablemente acaba de dejar este mundo.
El mismo Alejandro Doria retrató a través de la familia Siri a comienzos de la década del noventa la hipocresía de la clase media de doble moral. Un sector social que se dice moderno, abierto y democrático pero ante el primer conflicto concreto que le toca en carne propia -en aquella comedia, un embarazo no deseado de una hija que no sabe cuál de sus parejas la embarazó- recurre al autoritarismo, la represión, el conservadurismo.
Esa ambigüedad probablemente tenga algún parentesco con la forma en la cual acá se despliegan los debates nacionales. A menudo aparece en ellos una defensa de las instituciones, de la ética, de los derechos de los más débiles que sin embargo se abandona pronto delante de crisis económicas o de miedos colectivos.
Los grandes debates en la Argentina son recurrentes. En general no se los llama grandes porque terminen resolviendo asuntos fundamentales para el desarrollo del país sino debido a su persistencia. Es decir, a su condición omnipresente. Siempre están, siempre vuelven. Se renuevan mil veces. Jamás se agotan.
Por algún motivo probablemente idiosincrático, el debate argentino es imperecedero, no un proceso cuya secuencia lógica consiste en desembocar en algo parecido a la solución de una dicotomía, a un remedio, una salida, por lo menos un camino escogido civilizadamente luego de lograrse un consenso. Más bien se trata de un artefacto (¿adictivo?) consagrado a la tarea de nutrir la circularidad argenta.
Ejemplos de debates que se repiten en cada ciclo político: si empresas como Aerolíneas o YPF deben ser públicas o privadas; si la inflación es un fenómeno monetario, multicausal o hay que perseguir a los supermercadistas; si el mercado de cambios debe estar controlado, ser libre o flotante; si hay que ajustar la economía o utilizar el gasto público como motor del consumo; si a los ajustes hay que hacerlos tipo shock o en forma gradualista; si conviene practicar el multilateralismo o alinearse con Estados Unidos; si no habría que tener una red ferroviaria idónea acorde con las distancias argentinas y un mayor aprovechamiento de las vías fluviales en lugar de transportar las cargas por el medio más antieconómico, el camión; si la universidad pública es una vaca sagrada intocable o convendría reformular el sistema de financiamiento estatal; si sirve sostener a las Fuerzas Armadas empobrecidas como están o hay que asignarles mayor papel en la lucha contra el narcotráfico; si la Corte debe estar integrada por cinco miembros, siete, nueve, quince o veintiuno; si no es hora de terminar con la Justicia politizada.
Están los debates clásicos: Buenos Aires versus el interior (de donde deriva el irresuelto tema de la coparticipación); campo versus industria; Estado versus mercado; sustitución de importaciones versus apertura económica. O la antinomia peronismo-antiperonismo con su consabida descendencia.
Y por supuesto, una cantera inagotable de debates inconclusos es el pasado. Podría decirse que constituye la quintaesencia del debate sinfín. Cada nuevo gobierno, hasta los que son del mismo partido que ya gobernó antes, trae su propia receta innovadora, contrapuesta a lo ya hecho, para metabolizar el pasado sin importarle siquiera la supremacía de la Justicia, las eventuales sentencias firmes que hubiera habido (como la de la Corte Suprema en el juicio a las juntas). En cada capítulo se pretende que el debate de los derechos humanos vuelva a empezar, como si se tratara de una adaptación del 1984 de George Orwell, donde cada discusión empieza de cero porque no hay registro de los éxitos y fracasos previos.
Un asunto como las reglas del tránsito, que deberían estar casi tan amarradas como las leyes de la física, anima también debates renovables. Se discute por caso si las multas fotográficas por exceso de velocidad en las rutas no tendrían que resignar sus notorios propósitos recaudatorios en favor de la causa mayor de bajar el número de accidentes viales. Cuando temas así reaparecen uno no sabe si le surgió algún trastorno neurológico o es el país que se repite y se repite: ¿a esto mismo no se lo discutía hace veinte años?
El lunes, casualmente, hubo que pellizcarse frente a la noticia de que el gobierno se dispone a impedir el uso indebido de celulares en las cárceles. ¿Estaré leyendo el diario de hoy o se me habrá caído de la boardilla un ejemplar de 2005?
Las primeras noticias de presos que cometían delitos a la distancia mediante celulares introducidos en cárceles argentinas es del año 2000. Fue un problema internacional, es cierto, pero en otros países, como Estados Unidos, debatieron el problema hasta que un día tomaron una decisión. El 10 de agosto de 2010 el presidente Barack Obama, que no es Trump ni se parece en las ideas a Bukele, firmó la ley de Contrabando de Teléfonos Celulares aprobada por el Congreso. Esa ley dispone que la posesión o intento de introducción de un celular en una prisión puede acarrearle al preso hasta un año adicional de condena. Si bien el problema no fue solucionado por completo no hay en Estados Unidos algo parecido a lo que sucede en la Argentina, donde es bastante común haber sido víctima o conocer a alguien que sufrió un secuestro virtual hecho desde una cárcel. Y eso por no hablar de estafas virtuales o de líderes narcos dando órdenes.
La posesión de celulares por parte de los presos se multiplicó durante la pandemia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, debido a que se expandieron los permisos tras la cancelación de las visitas de familiares. Pero se acaban de cumplir cuatro años del fin del distanciamiento social. El Ministerio de Seguridad autorizó el lunes la instalación de dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI en las cárceles federales. Habrá que ver cuánto tiempo lleva todo. En Mendoza la Corte Suprema prohibió los celulares y para retirarlos le dio al servicio penitenciario seis meses.
¿Cuántos problemas debatidos en las últimas décadas se podría decir que un buen día por fin quedaron resueltos? Resuelto significa que la dificultad central fue ostensiblemente removida, que el problema nunca más volvió, que hubo una evolución mensurable percibida por toda la sociedad. No que se consiguió aprobar una ley reformista cuya aplicación, efectividad e impacto real sobre las personas de carne y hueso aun no alcanza a verificarse ni se sabe cuándo lo hará, como sucede ahora con la reforma laboral. Aprobar una ley aun cuando en teoría algún día se la pudiera invertir con otra ley sólo clausura un debate si se genera un cambio de perspectiva inmediato en la sociedad. Ocurrió en 1987 con la ley de divorcio. También sería el caso de la Interrupción voluntaria del embarazo (2020), por más que sectores conservadores se ilusionen hoy con reabrir este debate, un riesgo político formidable que difícilmente algún gobierno querrá asumir.
A fines de los años ochenta un Carlos Menem que ostentaba las patillas de Chacho Peñaloza con más magia que plataforma, luego de recorrer el país en Menemóvil y prometer la “revolución productiva” y el “salariazo” bajo el lema pastoral “síganme, no los voy a defraudar” llegó al poder e hizo todo lo contrario de lo que había insinuado en la campaña. Aunque nadie olvidó -se esté a favor o en contra- la catarata de privatizaciones, pocos recuerdan que el discurso del “Estado obsoleto” con el que Menem consolidó su liderazgo se sustentó en la solución del problema de los teléfonos. A las generaciones “touch”, los nativos digitales, les debe costar mucho entenderlo: antes de la privatización de ENTel conseguir un teléfono demandaba años, a veces décadas.
Menem, quien solía hablar de cirugía mayor sin anestesia, comprendió la dinámica contracíclica de cancelar debates eternos solucionando problemas específicos con intención definitiva. El principal fue la inflación. Lo consiguió con el uno a uno, pero la solución adoptada duró diez años. Terminó con el colapso de 2001. Tampoco sobrevivió a los años noventa su idea de “reconciliación nacional”, la liquidación de los juicios a los militares mediante los indultos.
Sin embargo, el decisionismo sí le funcionó en el mismo terreno de las Fuerzas Armadas con un tema fundamental que había marcado el siglo XX: Menem le puso fin al golpismo militar. Después de que reprimiera el levantamiento carapintada de diciembre de 1990 nunca más los militares participaron en política.
Milei, él mismo lo dice, es un discípulo de Menem. Tiene claro desde que se dedica a la política cuánto valora la sociedad que se cierren debates interminables. En especial el mayor, la inflación, de sus dos grandes promesas de campaña la más fácil de medir, ya que la otra, la de terminar con la casta, se presta a aceitosos malabares retóricos. Entre los logros más visibles, Milei bajó la inflación -aunque auguró mejores resultados de los que consiguió- y consiguió que prácticamente desaparecieran los cortes de calles, avenidas, rutas y vías férreas. Quizás debería replicar en otras áreas -como el poder adquisitivo del salario- esos modelos de decisión.
