Milei, Harari y las ficciones que construyeron el mundo

En poco más de un mes, la inteligencia artificial convocó a voces que rara vez comparten escenario: Alex Karp, CEO de Palantir; el Papa; Chris Olah, cofundador de Anthropic; y el presidente Donald Trump. Son intervenciones de escala y registro muy distintos, pero todas orbitan el mismo eje. El debate sobre la inteligencia artificial se mueve entre dos polos que no terminan de encontrarse: responsabilidad o innovación, prudencia o creación, miedo o posibilidad. Acá queremos detenernos en el cruce más concreto, y más cercano, de las últimas semanas: el que protagonizaron Javier Milei y Yuval Harari en las páginas de Financial Times.

Milei abrió el intercambio con una columna en la que anunció que la Argentina creará una nueva figura legal: la corporación no humana, una empresa operada por agentes de IA. Su argumento es histórico y descansa en un ejemplo: así como la sociedad de responsabilidad limitada —creada en 1602 con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales— permitió reunir capital, financiar el riesgo y convertir a Ámsterdam en la capital financiera y comercial del mundo, la corporación no humana liberaría hoy la productividad de la IA. La innovación fue jurídica y no técnica: la responsabilidad limitada aseguraba que cada inversor perdía, como máximo, lo invertido. De golpe se volvió racional financiar empresas enormes y riesgosas —una flota que zarpaba a Asia y podía hundirse entera—, porque la exposición estaba acotada de antemano.

Días después, en el mismo medio, Harari respondió. Reconoció la audacia de Milei y le concedió un punto central: la sociedad de responsabilidad limitada fue, efectivamente, uno de los inventos más trascendentales de la historia moderna, y la corporación no humana podría ser un paso de igual magnitud. Pero desplazó el foco. Las consecuencias de aquella innovación, dice, no se sintieron en Ámsterdam sino en el puerto de Jayakarta, en la actual Indonesia, que la Compañía arrasó en 1619 para levantar en su lugar Batavia, la capital de su imperio comercial asiático. Días después, Milei volvería a responderle en una carta abierta, con argumentos que en buena medida coinciden con los que venimos a desarrollar; quisimos, de todos modos, sumar algunos elementos más.

El argumento de Harari es elegante, pero el ejemplo histórico que lo sostiene es, cuanto menos, anacrónico y, se diría, sesgado. Harari llama a la Compañía Holandesa un “estado-empresa”: una entidad política gobernada por una firma privada. Y de ahí extrae la advertencia: lo que la Compañía hizo en Jayakarta lo haría una corporación de IA en Buenos Aires. Pero el anacronismo está justamente ahí, en traer la violencia como ejemplo. La Compañía no incendió Jayakarta porque fuera una sociedad de responsabilidad limitada, sino porque operaba en un mundo imperial, anterior al Estado moderno, donde la conquista era un negocio legítimo y las empresas salían a explorar y someter con el auspicio de la corona. La frontera entre Estado y mercado que hoy damos por sentada —y dentro de la cual discutimos con total naturalidad qué le toca a cada uno— estaba todavía por dibujarse. Trazar un paralelo entre la violencia de aquellas empresas propietarias de ejércitos y un Estado moderno que se abre a la IA es proyectar sobre el presente un mundo que ya no existe: el orden capaz de contener aquellos excesos se construyó después, y es precisamente aquel en el que la Argentina legisla hoy.

En ese mismo libro donde cuenta la historia de la Compañía Holandesa —el capítulo XVI de Sapiens— Harari trae un ejemplo que debilita su propio planteo: la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Fundada en 1600, dos años antes que la holandesa, su fuerza venía de un segundo componente de la misma innovación: el capital dividido en acciones, que permitía repartir el riesgo y juntar sumas que ningún individuo podía reunir por sí solo. Con ese dinero se financiaban flotas, fuertes y ejércitos —la Compañía llegó a sostener uno de trescientos cincuenta mil soldados—. Sí: las empresas tenían ejércitos. En el marco de las conquistas imperiales, una empresa era otra cosa, y otra cosa era su límite con lo público: libraba guerras, administraba territorios. La diferencia está en lo que vino después, y eso es lo que Harari omite. En 1858, la corona nacionalizó esos territorios y absorbió ese ejército privado. Para entonces estábamos ya frente a una forma moderna del Estado, que había aprendido lo suficiente como para saber dónde trazar la línea: el monopolio de la fuerza, para la corona; el comercio, para la empresa. Fue la experimentación con las innovaciones jurídicas —y no la prohibición lisa y llana— la condición para entender el fenómeno y definir sus límites.

Hay un hilo que conecta esas innovaciones jurídicas. Va de los negocios —la sociedad de responsabilidad limitada, que inventó un sujeto de derecho capaz de poseer, deber y ser demandado sin ser nadie en particular— al Estado moderno, con la asunción del monopolio legítimo y legal de la violencia. Las ficciones que la modernidad usó para construir tanto la empresa como el Estado nunca fueron una anomalía: fueron su mecanismo básico para habilitar actividad nueva de forma segura. Y la capacidad estatal de señalar los riesgos no fue previa a la innovación sino posterior: surgió de la interacción entre un sector privado que innovaba y un Estado que, al lidiar con esa innovación, se modernizaba a sí mismo. Es la lógica que ya ensaya Japón con su AI Promotion Act: identificar las oportunidades, alentar los negocios, la innovación y, a partir de ese aprendizaje, modernizar el Estado.

La propia república constitucional pertenece a esa estirpe de apuestas. Cuando Estados Unidos se fundó en 1787, los antecedentes republicanos eran lejanos y de otra escala; convertir unos principios de filosofía política en una arquitectura concreta —una constitución, la división de poderes, el federalismo— era un experimento sin garantía de éxito. Funcionó, y hoy parece evidente; en su origen fue una innovación jurídica audaz que recién mostró sus frutos al ponerse en práctica. La corporación no humana de Milei sería, en esta lectura, un eslabón más de esa tradición, y lo que la emparenta con la experiencia de 1787 no es la materia —allá el poder soberano, acá los agentes de IA— sino el gesto: arriesgar una forma jurídica nueva como condición para descubrir nuevas oportunidades y progresar.

Entonces: ¿qué problema busca resolver la corporación no humana? El de la responsabilidad cuando quien actúa no es una persona. No es un dilema inventado ni una hipótesis de laboratorio: los agentes de IA ya operan, y el derecho corre desde atrás. la Argentina puede ofrecer una respuesta. Si un agente de IA decide de manera autónoma —compra, vende, contrata, invierte, firma— el derecho no sabe a quién imputar las consecuencias: ¿al programador, al dueño, al usuario? Esa incertidumbre frena el despliegue, porque nadie quiere operar un sistema autónomo si responde por sus actos, sin límite, con su patrimonio personal. El argumento de Milei es que la responsabilidad limitada haría por la IA lo que hizo por el comercio marítimo del siglo XVII: si el agente actúa dentro de una entidad que puede poseer activos, responder por sus deudas hasta cierto límite y ser demandada, el riesgo se vuelve calculable y la actividad, financiable. Y acá conviene precisar de qué hablamos, porque es donde Harari argumenta sesgado por el temor extremo a la tecnología que viene expresando en los últimos años: la corporación no humana, como una SRL, sería una persona jurídica de derecho privado y de naturaleza comercial, no un sujeto con derechos políticos. La distinción es clara.

La oportunidad de la Argentina está en esa agenda abierta a la innovación y los negocios, junto con la protección de los derechos individuales. Esa combinación fue la que hizo fructificar las apuestas jurídicas del pasado, y es la que puede hacer que Buenos Aires sea, como imagina Milei, el lugar donde la imaginación jurídica alcance al momento tecnológico.