Alejandro “Galleguito” Álvarez, el peronista que se volvió “karinista” y que está al frente del recorte a las universidades
El subsecretario de Políticas Universitarias llegó a la gestión de la mano de Santiago Caputo, pero se enroló ahora con la hermana de Milei; es el rostro del ajuste a universidades
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LA NACIONJaime Rosemberg
Alejandro “Galleguito” Álvarez saltó del peronismo a La Libertad Avanza. Es hoy el principal frontman del Gobierno en la pelea con las universidades nacionales. “La única ley que vamos a respetar será la ley de Presupuesto”, desafió a los que exigen que Javier Milei cumpla con la ley de financiamiento universitario, votada por mayoría en el Congreso tras el veto presidencial.
“Se lo nota cómodo en ese rol. Le gusta jugar esa parada”, afirma una voz cercana a Karina Milei. El día después de la masiva cuarta marcha federal por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, en lo alto del poder elogian al subsecretario de Políticas Universitarias, que está bajo la órbita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Con larga militancia en el peronismo, y a sus 55 años, Álvarez defiende con énfasis desde su despacho en el Palacio Pizzurno los postulados de “recorte”, “ajuste” y “transparencia” del gobierno libertario. Llegó a ese cargo de la mano de Santiago Santurio, uno de los celestiales cercano a Santiago Caputo, pero con el correr de la gestión se ganó la confianza de Karina Milei. En el universo oficialista, ya lo cuentan como “un karinista” más.
“Nos sirve de mucho, porque él estuvo del otro lado del mostrador. Conoce bien ese mundo”, repite un leal a Karina Milei en Balcarce 50.
La periódica confrontación directa de Álvarez con el vicerrector de la UBA y dirigente de la UCR, Emiliano Yacobitti, en torno al manejo de los fondos y la necesidad de “auditar” los gastos de esa alta casa de estudios, es uno de los hitos de la pelea mediática que más le reconocen en el Gobierno. “Si sobrevivió a pelearse con Yacobitti es porque tiene pasta de polemista” lo halagan desde el sector de Caputo, una de cuyas cabezas principales, Daniel Parisini (el Gordo Dan), suele invitarlo a su programa, “La Misa”, donde últimamente hablan de historia, sin meterse en la cruenta confrontación que divide al Gobierno por el caso de presunto enriquecimiento de Manuel Adorni.
En el Gobierno destacan que Álvarez “puso en agenda que las universidades deben ser auditadas y rendir cuenta de lo que reciben”. Lo destacan como un logro de su gestión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue uno de quienes elogió las posturas de Álvarez, antes, durante y después de la manifestación.
Dependiente en la estructura gubernamental de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (con quien tiene una buena relación) y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, Álvarez aprovecha los márgenes de libertad que le dieron en los últimos meses para insistir con otras iniciativas polémicas, como el cobro de un arancel a los estudiantes extranjeros de las universidades públicas, que según su visión no fue aceptada por la UBA “por cuestiones ideológicas”.
“Mientras inventan datos, bajaron el presupuesto universitario a la mitad en dos años, el 80% de los profesores cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza y no mandan los fondos para que funcionen los hospitales”, le contestó Yacobitti.
Cerca del ex diputado nacional y de otros rectores aseguran que hay un Álvarez público que los pelea, y otro privado, que les asegura que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es quien le retacea los fondos que, por ley aprobada por el Congreso, deberían destinarse al funcionamiento universitario.
Otros funcionarios escucharon a Álvarez quejarse esta semana por el recorte a las universidades nacionales incluidas en el megaajuste de 2,3 billones, conocido horas antes de la marcha de ayer. “Deberían haberlo anunciado un día después”, se habría quejado en reserva. Públicamente, defendió los recortes.
El ajuste que se publicó en el Boletín Oficial tuvo muchos blancos, entre ellos, las universidades nacionales. El anexo detalló una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio. Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1.043.000.000; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700.000.000; Río Cuarto, con $680.500.000 menos; y Entre Ríos, con una baja de $540.000.000.
“Casi no tiene diálogo con los rectores”, critican a Álvarez desde el radicalismo universitario, y lo acusan de “no tener un plan” hacia adelante, más que “destruir” el sistema universitario vigente, a tono con el espíritu presidencial. “Y eso que sigue siendo profesor en el CBC, aunque ahora pidió licencia”, agitan desde una de las universidades que sufre recortes desde la gestión libertaria. Formado en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, Álvarez también pidió licencia como profesor de historia económica en la Universidad de La Matanza. “Estuvo toda la vida en el Estado y ahora quiere destruir las universidades”, lo castigan desde otra usina universitaria.
Desde el Gobierno responden que “pronto” habrá un nuevo llamado de Álvarez al diálogo por los fondos para los seis hospitales universitarios: Hospital de Clínicas, Roffo y Lanari; el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”; el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria, que ya anunciaron que los fondos con los que cuentan para su normal funcionamiento se terminan en cuarenta y cinco días. “La pregunta es por qué la UBA quiere quedarse con el 95 por ciento del refuerzo para los hospitales universitarios”, los desafió Álvarez en un video oficial del ministerio que encabeza Pettovello.
Agregan desde el Gobierno que el presupuesto para las universidades, que alcanzó los 4,2 billones en 2025, pasó a 4,8 billones para este año. “Creció, pero no en la medida que ellos quieren”, afirman desde un despacho oficialista como modo de responder las duras críticas del sistema universitario.
A fin de mostrar que sí hay un plan a futuro, fuentes del oficialismo destacan que desde la subsecretaría habrá transferencia a las universidades de edificios cedidos por la Agencia de Bienes del Estado por unos $7000 millones para 2027.
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