Denunciaron en Comodoro Py a los cinco funcionarios argentinos sospechados en EE.UU. de mover dinero negro

Esta mañana entró en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia contra los funcionarios argentinos que, tal como reveló LA NACION, están sospechados en Estados Unidos de haber movido dinero negro conforme surge de una causa judicial que se tramita en ese país.

Los denunciados fueron José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia; Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense; Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, y la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno del gobernador Axel Kicillof.

El caso, por sorteo, le tocó al juzgado federal 11, que está vacante desde la muerte del juez federal Claudio Bonadio y es subrogado por Julián Ercolini.

La denuncia la presentaron los abogados Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos; José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio. Acusaron a los denunciados de los delitos de evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Tal como precisó el periodista Carlos Pagni en LA NACION, la información sobre los presuntos movimientos de dinero de los funcionarios argentinos surge de una presentación que hizo en los Estados Unidos el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, sobre la base de documentación en poder de la justicia norteamericana.

Hranitzky se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires.

Hranitzky representa a dos entidades de bonistas que en marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35.092.958,41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof.

En su escrito, para fortalecer su pedido, Hranitzky describe los resultados de un discovery en el que, según consigna, otras ocho entidades financieras ya proporcionaron los datos requeridos y revelaron movimientos de dinero adjudicados a los funcionarios argentinos que ahora, además, fueron denunciados en la Argentina.

LA NACION

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