Diputados: el oficialismo aprobó un acuerdo con dos holdouts y ahora busca avanzar con el “Súper RIGI”
El proyecto se convalidó por 139 votos a favor; Pro, la UCR y los bloques provinciales que ayer evitaron la sesión por Adorni volvieron a sostener al oficialismo y habilitaron el debate de dos de sus principales apuestas económicas
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El Gobierno aprobó hoy el acuerdo para pagar US$171 millones a los fondos Bainbridge y Attestor, dos holdouts que aún mantienen litigios pendientes contra la Argentina derivados del default de 2001. Obtuvo 139 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención.
La propuesta oficial fue acompañada por los aliados habituales del Gobierno en el Congreso así como por los espacios del centro político. El peronismo, en cambio, lideró la postura de rechazo.
El acuerdo con Bainbridge y Attestor contempla el pago de US$171 millones a cambio de evitar eventuales embargos sobre activos argentinos y poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores.
Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino. Según el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió durante el debate en comisiones.
Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) defendió el acuerdo con los holdouts y sostuvo que, “después de 25 años”, la Argentina tiene “la gran posibilidad de empezar a cerrar esta herida del default internacional”. Destacó la quita negociada y advirtió que, si el Congreso no lo aprueba antes del 30 de junio, “cae el acuerdo conciliatorio y se vuelven a activar todas las instancias del litigio”.
La diputada Vanesa Siley, una de las voces más cercanas al kirchnerismo, acusó al Gobierno de pretender resolver la deuda “a costa del hambre de la gente” y advirtió que el acuerdo implica “bajar los salarios de los trabajadores” y profundizar la recesión.
En la misma línea, Germán Martínez, jefe del bloque UP, cuestionó la escasa fundamentación del proyecto -“el dictamen tiene nueve líneas”- y sostuvo que algunos de los argumentos oficiales podrían terminar siendo utilizados “en los tribunales de Nueva York en contra del Estado argentino”. “Todos los países refinancian sus deudas. Acá estamos tomando nueva deuda”, afirmó.
La ausencia de Máximo Kirchner, uno de los principales referentes de La Cámpora y habitual protagonista de los debates sobre endeudamiento, fue otro dato saliente de la jornada.
La sesión continuó con el debate del denominado “Súper RIGI”, un régimen que ofrece beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de inversión superiores a los US$1000 millones.
El proyecto recién inicia su recorrido legislativo en Diputados y el oficialismo busca otorgarle media sanción para enviarlo a la Cámara alta.
“Súper RIGI”
El régimen establece una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las ganancias, estabilidad tributaria y cambiaria por 30 años, exenciones de derechos de importación y exportación, amortización acelerada de inversiones, reducción de contribuciones patronales y una liberación progresiva de divisas hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año de exportaciones.
Además, habilita a los inversores a recurrir a tribunales internacionales, como el Ciadi, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje, en caso de controversias con el Estado argentino. El texto también dispone que los derechos otorgados bajo el régimen serán considerados “inversiones protegidas” en el marco de tratados internacionales, lo que abre la puerta a eventuales reclamos ante futuras modificaciones regulatorias.
El esquema limita, además, la capacidad de provincias y municipios para establecer regalías o cánones administrativos sobre los proyectos adheridos.
Durante el debate en comisiones se incorporaron cambios impulsados por los bloques aliados. Entre ellos, beneficios para proyectos que realicen inversiones en investigación y desarrollo, la obligación de presentar planes de integración de proveedores locales con un piso del 20% de contratación, una ampliación de los objetivos vinculados al desarrollo tecnológico y la creación de un registro público de proyectos aprobados.
También se reforzaron algunos requisitos ambientales y sociales. Los inversores deberán acreditar que las iniciativas no comprometerán recursos naturales ni infraestructura esencial, y se incorporó una nueva causal de rechazo para proyectos con impactos negativos significativos en su área de influencia.
Un inicio con tropiezos
El comienzo de la sesión dejó al descubierto la tensión que atraviesa al oficialismo. Los libertarios sabían que el quorum estaba ajustado y la incertidumbre se extendió hasta el último minuto. Cuando faltaban tres minutos para que venciera el plazo reglamentario, el tablero marcaba 128 diputados sentados.
“Sentate, la puta madre”, le gritó Martín Menem a Adrián Ravier, que permanecía de pie recibiendo felicitaciones por su designación como vocero presidencial. Un minuto después, la Cámara alcanzó el quorum y la sesión pudo comenzar.
El enojo de Menem reflejaba la preocupación del oficialismo. Durante el fin de semana trabajó para evitar que la crisis por Manuel Adorni paralizara la agenda legislativa. El acuerdo con Pro, la UCR y los bloques provinciales no solo desactivó la ofensiva opositora contra el jefe de Gabinete, sino que también garantizó los votos para avanzar con dos proyectos económicos clave.
Tras el tropiezo inicial, el cuerpo le aceptó la renuncia a Ravier y convalidó la jura de Martín Matzkin en su reemplazo, que ejercía como subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad. En señal de apoyo, Patricia Bullrich presenció su asunción. La senadora es la madrina política del flamante legislador.
Se aprobaron, además, una serie de convenios internacionales vinculados con la doble imposición y la evasión fiscal con Francia, la cooperación para desalentar la pesca ilegal y acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino. Todos ya contaban con media sanción del Senado.
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