Javier Milei y sus medidas, en vivo: la marcha por el financiamiento universitario y la causa Adorni

El Gobierno avanza con su plan de privatización de gran parte de las rutas argentinas. Dio un paso más en su objetivo al concretar la apertura de sobres para licitación de más de 2500 kilómetros de corredores nacionales.

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X. Allí, escribió: “Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada”.

El presidente Javier Milei atacó nuevamente al periodismo y a los medios, a los que calificó de “mentirosos seriales e ignorantes”. Esta vez, apuntó contra el también conductor de televisión Luis Novaresio, que conversaba al aire con el presidente del centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la previa a la marcha universitaria en reclamo por más fondos al Gobierno.

En la antesala de la nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes a las 17 con la Plaza de Mayo como epicentro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, rompieron el silencio. En dupla con su jefa directa, el funcionario definió a la convocatoria como “completamente política”.

Además, Pettovello y Álvarez desafiaron: “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”. Este mensaje choca con una de las consignas centrales de la convocatoria de hoy: que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por mayoría en el Congreso de la Nación y que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y actualizarlos de manera mensual por inflación.

A pocas horas de la marcha universitaria nacional, el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y su Subsecretaría de Políticas Universitarias, indicó en las redes sociales que, “frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento de las universidades nacionales, resulta imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos”.

A poco más de un mes de haber concretado la venta total de su participación accionaria en Mastellone Hnos. (La Serenísima), el empresario Flavio Mastellone reapareció públicamente con una dura carta dirigida al presidente Javier Milei en la que expuso las principales dificultades que atraviesa la producción láctea argentina y reclamó medidas urgentes para el sector.

Luego de casi un año de negociaciones, la multinacional francesa Danone y la argentina Arcor adquirieron el paquete accionario que aún permanecía en manos de la familia Mastellone dentro de La Serenísima. Sin embargo, lejos de alejarse de la actividad, el histórico empresario decidió hacer pública una extensa carta donde planteó una serie de problemas estructurales que, según sostuvo, frenan el desarrollo de la lechería.

El precio local de los combustibles quedó rezagado respecto del mercado internacional. Con la cotización internacional del Brent en torno a los US$105 —un 67% por encima de los US$63 que cotizaba el 6 de enero—, el valor de paridad de importación supera hoy en un 18,2% al precio del surtidor. Dicho de otro modo, el litro de nafta local vale un 15,4% menos de lo que costaría abastecerse desde afuera. El propio Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, reconoció la semana pasada durante la conferencia trimestral con inversores este atraso.

El próximo viernes termina el plazo de 45 días que definió YPF para no trasladar al surtidor la escalada del crudo, una pausa que tomó el 1 de abril, cuando la nafta y el gasoil habían acumulado subas del 23% en apenas un mes y la demanda comenzó a dar señales de fatiga.

El Gobierno avanza con su plan de privatización de gran parte de las rutas argentinas. Dio un paso más en su objetivo al concretar la apertura de sobres para licitación de más de 2500 kilómetros de corredores nacionales.

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X. Allí, escribió: “Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada”.

Si existe un protagonista en la Argentina ese es Vaca Muerta en todas sus aristas. Es hoy el activo más estratégico del país. Con reservas no convencionales entre las más grandes del mundo, pasó de promesa a motor concreto de empleo y actividad. Pero este avance no se traduce solo en energía, sino que también empuja la demanda de infraestructura, servicios y, sobre todo, metros cuadrados.

En ese escenario, Añelo, la localidad que sirve de base a los yacimientos de Vaca Muerta, vive una expansión acelerada: más de 10.000 habitantes permanentes, otros tantos temporarios y entre 25.000 y 35.000 trabajadores que entran y salen a diario. Es más, la proyección es que podría alcanzar los 50.000 habitantes hacia 2032.

La inflación en la ciudad de Buenos Aires se desaceleró en abril. Luego del pico del 3% en marzo, el alza del costo de vida el mes pasado fue del 2,5%, por ajustes en rubros sensibles como el boleto del colectivo, los combustibles, las expensas, las tarifas de agua o los alimentos.

Ese encarecimiento de consumos básicos y en muchos casos indispensables, que incluyó subas por encima del promedio (tarifas, comunicaciones, equipamiento del hogar, entre otros), tuvo un efecto directo sobre los umbrales estadísticos que definen el escenario para que una familia tipo de cuatro integrantes que vive en Capital Federal integre formalmente de “clase media”.

Martín Migueles, un exsocio del financista Elías Piccirillo, investigado por supuestos negocios con el dólar blue durante el gobierno del Frente de Todos, negó por escrito ante la Justicia haber participado de esa operatoria.

“No operé en el mercado paralelo ni tengo relojes de lujo”, contó Migueles, que presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, con la asistencia de su abogado, Yamil Castro Bianchi.

El Gobierno envió al Senado los pliegos de 45 nuevos jueces y fiscales nacionales y federales, muchos de ellos del interior del país, con los que busca que la oposición dialoguista los apoye con sus votos para respaldar a los postulantes de las provincias.

En el paquete resaltan los nombres de jueces federales para la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, San Justo y Mar del Plata); Santa Fe, Salta, Tucumán, Chubut (Comodoro Rivadavia); Catamarca, Misiones, Chaco, Corrientes (Paso de los Libres y en la ciudad capital), Mendoza y San Juan.

La comunidad universitaria vuelve a reclamar por su presupuesto. El eje de esta cuarta marcha apunta a que la administración de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios y encomienda al Poder Ejecutivo a actualizarlos de manera mensual por inflación.

El Gobierno, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada y sostenida el año pasado por el Congreso. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario que fue aceptado. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades, quedó entonces suspendida hasta que se expida el máximo tribunal.

Alejandro Catterberg afirmó que desplazar a Manuel Adorni del Gobierno podría no resolver la crisis política que atraviesa el oficialismo y señaló que esa decisión incluso podría derivar en nuevos problemas para la administración de Javier Milei. El analista político hizo esa evaluación de la actualidad política en la Argentina durante una entrevista en Odisea Argentina, en LN+.

La líder y fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, analizó la coyuntura nacional y se refirió a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito. “La concepción que Milei tiene del poder es que vos podés obtener dinero legítimo de cualquier forma y por cualquier medio, aunque no sea de un modo legal”, manifestó “Lilita”.

“Durante el kirchnerismo, cuando a mí me acusaron por enriquecimiento, luego de vender un departamento, yo presenté toda la información de una operación que fue en blanco”, relató Carrió, y agregó: “Como funcionario tenés la obligación de vindicarte, es decir, demostrarle a la sociedad que lo que están diciendo es falso”.

La pregunta clave del día es esta: si el mismo nivel de desgobierno que el oficialismo mileísta exhibe en el caso Adorni se llevará puesto también el vínculo con la universidad pública argentina y el contrato ciudadano que la sostiene. No es una pregunta menor.

Del caso Adorni acaba de brotar el primer acto de rebeldía a la autoridad presidencial de un hiperpresidencialismo a la enésima potencia como el de Javier Milei: una grieta que sale de las mismas entrañas del Poder Ejecutivo y expone una debilidad hasta ahora inédita en la capacidad del dúo Milei-Karina Milei para disciplinar a sus jugadores más fuertes.

La calle fue el escenario que puso en dimensión el descontento social: aquel 23 de abril de 2024, a poco más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, unas 430.000 personas participaron de la primera marcha federal universitaria. Muchos interpretaron que esa multitud no solo salió a manifestar su disconformidad por los recortes en Educación, sino también para ratificar la idea de la universidad pública como ese puente fantástico que transforma al hijo de cualquier vecino en un profesional. El concepto está imbricado en la propia identidad nacional, en la idea de ascenso social. Concepto que, desde hace algún tiempo, también entró en crisis.

En aquella oportunidad, lo masivo de la marcha obligó al gobierno nacional, a pesar de sostener su discurso de intransigencia, a sentarse y negociar partidas. La gran pregunta que se hacen por estas horas tanto en el Gobierno como en el ecosistema universitario es si la movilización convocada para este martes, la cuarta de este tipo, tendrá el impacto de aquella primera o si, por el contrario, se disolverá en medio de otros reclamos sociales que agitan las aguas por estos días.

En el Gobierno pocos alzan la voz y hay tensión. Quedó en evidencia el viernes pasado, cuando en la última reunión de gabinete Patricia Bullrich intervino en soledad para debatir sobre la situación patrimonial de Manuel Adorni, un asunto que atraviesa a todo el equipo de ministros.

Pasaron ya más de dos meses desde aquella foto que desató la crisis, en la tumba del rebe de Lubavitch de Nueva York, de Adorni junto a su esposa Bettina Angeletti. Sin justificar aún su patrimonio y con derivaciones judiciales casi a diario, el destino político del jefe de Gabinete sigue siendo tema de acalorada discusión entre los más altos dirigentes de la gestión de Javier Milei. Preocupa en el Gobierno la caída en la imagen del Presidente y su posible impacto en el año electoral. Reconocen en el oficialismo una caída de entre “siete y ocho puntos”. Así y todo, el Presidente fue categórico: “No voy a ejecutar a un inocente por más que cueste perder las elecciones”.

Mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades. El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del presupuesto.

Los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, pero también la poda se da en el presupuesto educativo en la previa a la marcha federal universitaria, cuyo epicentro será mañana, en la Plaza de Mayo.