Cuatro integrantes de una familia criminal están detenidos por ser parte de los tiradores que emboscaron a policías
Señalan la responsabilidad del clan Muñoz en el asesinato de un agente encubierto
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.- Eduardo Rodolfo Muñoz, de 37 años, señalado por la fiscalía federal como el jefe de la organización narco que asesinó a Rodolfo Manfredi, agente de la Policía Federal Argentina, el 11 de junio pasado, fue detenido este jueves en una casa de Centeno al 500, en barrio La Tablada. Permanecía prófugo desde el día posterior al crimen, cuando se había ordenado su captura. Pocas horas antes, en la madrugada, había sido aprehendido su hijo de 17 años en una vivienda de barrio Godoy. Con esos dos arrestos, ya son cuatro los miembros de la familia Muñoz detenidos por el caso. Ese clan habría participado de esa noche de desenfreno y furia en el pasillo de Villa Banana, donde Manfredi fue acribillado y su compañero Emilio Gómez Villafañe resultó gravemente herido.
El operativo que puso fin a la fuga de Eduardo Muñoz fue ejecutado por la PFA a pedido de los fiscales que llevan adelante la causa, encabezados por Matías Scilabra. Estaba señalado como el principal sospechoso desde los primeros días de la investigación, cuando los fiscales pidieron su captura. El Ministerio de Seguridad Nacional había ofrecido una recompensa millonaria por datos que permitieran ubicarlo.
“Hace instantes atrapamos a Eduardo Muñoz: prófugo de la Justicia, líder del clan Muñoz y partícipe del asesinato del agente de la Policía Federal Rodolfo Manfredi en Villa Banana, Rosario. Lo buscamos, lo encontramos y lo atrapamos”, escribió en la red X la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.
El crimen de Manfredi ocurrió el 11 de junio en los pasillos de Gutenberg y 27 de Febrero, dentro del asentamiento conocido como Villa Banana, en el sudoeste de Rosario. Manfredi, junto a otros dos agentes federales del Plan Bandera, realizaba un patrullaje sin uniforme cuando fue identificado por miembros de la organización. Algunos testigos señalan que los policías iban a comprar drogas en el búnker de los Muñoz para “marcarlos” y después allanarlos.
Según la reconstrucción judicial basada en cámaras de videovigilancia, entre el momento en que los policías fueron detectados y el ataque a tiros pasaron entre ocho y once minutos. Un grupo de al menos diez personas los cercó, les gritó “cobani, váyanse” y, cuando los efectivos buscaban una salida hacia el bulevar, abrió fuego. Manfredi recibió tres disparos por la espalda y murió en el lugar. Su compañero quedó internado de gravedad. Un tercer agente, que estaba en un auto policial, logró escapar.
Las detenciones en este caso fueron rápidas. La secuencia comenzó con Luis Miguel Muñoz, que resultó herido en el enfrentamiento —recibió dos impactos de bala mientras intentaba escapar— y quedó bajo custodia policial en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) antes de ser imputado, junto a Mario Ezequiel Peralta, como integrante de los eslabones medios de la organización: hacían la custodia de puntos de venta, acopio y fraccionamiento de droga.
Días después, otro de los testigos reconoció a Jorge Gustavo “Morcilla” Muñoz a partir de una fotografía, y ese reconocimiento lo convirtió en el segundo integrante del clan imputado. El viernes pasado quedó formalmente acusado como uno de los atacantes.
Este miércoles fue detenido el menor de 17 años, hijo de Eduardo Muñoz, en una vivienda de Gómez al 2800. Los investigadores llegaron a esa dirección después de un trabajo de intervenciones telefónicas que permitió establecer que el adolescente se ocultaba allí. El operativo lo ejecutó el Departamento de Investigaciones Federales por pedido de los fiscales Santiago Alberdi, Matías Mené y Scilabra, con autorización del juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. De acuerdo a la teoría fiscal, tanto Jorge como Eduardo Muñoz fueron quienes increparon a los policías antes de que el grupo los acorralara y abriera fuego.
La cuarta detención, la de Eduardo Muñoz, cierra —al menos por ahora— el capítulo de las capturas dentro de un mismo núcleo familiar que la fiscalía describe como el centro de la trama. Muñoz era considerado, hasta la condena de 2023, un partícipe secundario en la red narco que en ese entonces lideraba Dalmacio “Sapo” Saravia, su cuñado.
Saravia había construido junto a su hijo Leonardo “Leo Rey” Saravia el primer andamiaje de venta de drogas en ese sector de Villa Banana, en una organización con vínculos con sectores de Los Monos. La condena de 2023 contra Sapo, su hijo y Eduardo Muñoz no desarticuló la estructura: ocho meses después se secuestraron más de 2000 envoltorios de cocaína en un nuevo operativo, y en noviembre de 2025 un segundo juicio condenó otra vez a Saravia junto a su pareja, Marianela Muñoz —hermana de Eduardo—, señalada como la encargada de las tácticas de contrainteligencia de la banda: ocultar pruebas y coordinar alertas para evitar allanamientos.
Esa condena consecutiva no apagó el negocio. Fue, según describe la fiscalía, el mecanismo clásico de reconfiguración de una estructura criminal: cuando cae el líder, los mandos medios ascienden. Eduardo Muñoz pasó de partícipe secundario a organizador de la banda, encargado de recibir la droga, acopiarla y distribuirla en los puntos de venta. Bajo su conducción, según información policial, operaban también personas identificadas con los apodos El Colombiano, Walter Diente de Lata, Toto, Bebe y Mojarra, además de una mujer conocida como Liliana, que recibía el dinero recaudado en el barrio.
El control territorial de los hermanos Muñoz sobre ese extremo de Villa Banana —un asentamiento de unas 7000 personas en el sudoeste de la ciudad, con pasillos demasiado angostos para que circule un patrullero— se sostenía con métodos de terror puro. Cuando la organización fraccionaba la cocaína en dosis para la venta, cerraba la calle: ningún vecino podía entrar ni salir mientras duraba esa operación.
A un hombre que se negó a vender droga para ellos le cortaron un dedo con una tenaza. Usurparon viviendas y, según testimonios reservados que recogió la Policía Federal, obligaron a varios vecinos a integrarse a la organización en los escalones más bajos —vendedores, soldaditos, satélites— bajo amenaza de perder sus casas. El pasaje Gutenberg, entrando por el bulevar 27 de Febrero, funcionaba como la vivienda operativa del clan: punto de venta, acopio de droga y guarda de armas. Ahí murió Manfredi. La semana pasada el Ministerio de Seguridad provincial y el Ministerio Público de la Acusación derrumbaron tres casas precarias donde funcionaban los puntos de venta.
La fiscalía sostiene que la reacción de la organización aquella noche no fue improvisada, sino la respuesta disciplinada de una estructura que conocía el territorio mejor que la policía y que llevaba semanas bajo presión por una serie de allanamientos con secuestros importantes de droga en la zona. Esa tensión acumulada, según la teoría del caso, fue uno de los factores que se descargó sobre los tres agentes que entraron al barrio esa madrugada de civil y sin la cobertura adecuada. Ni siquiera llevaban chalecos antibala.
Con la detención de Eduardo Muñoz, la causa por el homicidio de Manfredi —que se tramita ante el fuero federal con la acusación ya formalizada en dos audiencias— suma a su principal sospechoso.
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