Los audios de la banda que cometía estafas desde la cárcel y que tuvo a dos jueces de San Isidro como víctimas

A las 11.55 del 26 de febrero pasado el teléfono celular del juez Juan Eduardo Stepaniuc comenzó a sonar. El magistrado, que estaba en la sala de acuerdos de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, donde cumple funciones, respondió la llamada. Su interlocutor se presentó como un empleado de una empresa de correo privado y le pidió que tomara nota de un número de remito que debía entregarle al cadete que iba a llevarle un paquete a su domicilio. Pero el delivery en un cuento. Era una puesta en escena para un intento de estafa. La potencial víctima no cayó en la trampa: el funcionario judicial cortó la comunicación a tiempo después de que su colega Luis Cayuela le advirtiera que pretendían hackearle la cuenta de WhatsApp.

Cayuela sabía de qué se trataba. Una semana antes había caído en la misma trampa. El impostor que lo llamó a las 13.13 del 19 de febrero pasado también se presentó como empleado de un correo privado y le avisó que tenía una encomienda para entregarle y que debía pasarle un código de seis números que le estaba por llegar. Distraído en ese momento por cuestiones familiares, el juez cayó en la trampa y perdió el control de su cuenta de WhatsApp. El estafador, desde su línea, comenzó a enviarle mensajes a sus contactos para pedirles dinero.

Detrás de las llamadas que recibieron los jueces Cayuela y Stepaniuc estaba una banda de estafadores que operaba desde la cárcel de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Así surge de una investigación del fiscal Patricio Ferrari, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La pesquisa logró identificar a los delincuentes detrás de las estafas.

En las últimas horas, tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli ordenó una serie de allanamientos en la Unidad 35 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en Magdalena, en las celdas donde están alojados los sindicados integrantes de Call Center Carcelario, como se denominó a la organización criminal.

Tres internos de la cárcel de Magdalena quedaron imputados y detenidos por las estafas. Los sospechosos fueron identificados por fuentes judiciales y policiales como Gabriel Nicolás G., de 26 años; Juan Manuel A., de 32, y Facundo P., de 28.

A partir del dictamen del fiscal Ferrari, en la resolución donde ordenó el allanamiento en la cárcel, el magistrado explicó: “Queda claro que desde el penal de Magdalena actúan varios masculinos -incluso de manera simultánea-, llegando los aquí investigados a realizar cerca de 30 llamadas telefónicas diarias, siempre en horario laboral -entre las 9 y las 17.30− tratando de captar víctimas a través de engaños y utilizando para ello tres discursos diferentes:

• El primero resulta ser el envío de un paquete de la empresa Andreani, con el cual logran obtener el código de verificación de la aplicación WhatsApp.
• El segundo llamado lo hacen aludiendo ser un analista de sistemas de Movistar que informa que el abonado telefónico de la víctima ha sido registrado en otro dispositivo, utilizando el engaño para obtener los datos de la aplicación WhatsApp y/o Gmail.
• Por último, realizan una comunicación emulando ser personal de soporte técnico de WhastApp, refiriendo que debían confirmar la identidad de la cuenta, sino la misma seria bloqueada por 15 días, con la finalidad de obtener los datos necesarios para continuar con la maniobra delictiva.

La investigación comenzó con la denuncia del juez Cayuela. Después se sumó la presentación hecha por su colega de la Cámara de Apelación en lo Penal y Garantías de San Isidro.

Los jueces Cayuela y Stepaniuc fueron llamados desde la misma línea telefónica con prefijo de la ciudad de La Plata, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION. No fueron las únicas víctimas.

Los detectives judiciales y policiales determinaron que la línea desde la cual llamaron a Cayuela y Stepaniuc estaba a nombre de Gabriel Nicolás G. “quien posee un frondoso prontuario delictivo, habiendo sido oportunamente condenado y declarado reincidente”, según se afirmó en la citada resolución.

Gabriel Nicolás G. está detenido desde el 13 de marzo de 2023. Como se dijo, actualmente, está alojado en la cárcel de Magdalena “siendo esto último, en un todo, coincidente con el lugar de comisión de los delitos aquí investigados”, explicó el juez Rossignoli.

A partir de la denuncia de Cayuela se ordenó una serie de intervenciones telefónicas que permitieron reconstruir la forma en que los estafadores inducían a las víctimas a entregarles los códigos de seguridad para tomar control de la aplicación de WhatsApp de sus líneas telefónicas.

Por ejemplo quedó grabada la llamada que le hicieron a Stepaniuc. Mientras el juez habla con su interlocutor se esucha de fondo a su colega. “Es lo mismo que me hicieron a mí”, se escucha a decir a Cayuela. Entonces, Stepaniuc, antes de cortar la comunicación, dijo: “Ya nos estafaron con eso acá”.

En otra de las comunicaciones, la víctima, en medio de la charla, comienza a dudar y corta la llamada. Antes, el delincuente le llegó a decir: “Igual ya la hackeé, boludo”.

Las maniobras de estafas protagonizadas por el Call Center Carcelario expusieron una vez más que los delincuentes alojados en las cárceles usan los teléfonos celulares que tienen autorizados desde la pandemia para cometer delitos.

Además, la cárcel de Magdalena es la misma prisión donde dos presos planearon y ejecutaron la extorsión de la que fue víctima Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que, agobiado por sus deudas, se quitó la vida en la quinta presidencial de Olivos.

A principios de mes, cuando procesó a los sospechosos, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado le envió un oficio al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, para que arbitre las medidas necesarias para que los internos en cárceles de la provincia de Buenos Aires dejen de tener acceso a los dispositivos móviles.

“Tal como surge de las constancias del expediente en el que me dirijo, como así también, de otros sustanciados ante esta misma sede judicial a mi cargo y −según entiendo− de muchos más instruidos no sólo en el ámbito de la Justicia federal, sino también, y fundamentalmente, de la Justicia provincial, el uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es principalmente una herramienta de ‘trabajo’ imprescindible y esencial para que personas que se encuentran detenidas de manera preventiva por delitos graves o ya condenadas continúen con su empresa criminal o incursionen en otras posibles dadas las limitaciones derivadas de su privación de libertad física. En efecto, en el contexto actual, la persistencia del uso de celulares en el ámbito carcelario estatuída para una coyuntura de emergencia ya concluida [pandemia de Coronavirus], terminó generando un espacio de vulnerabilidad institucional que −como quedó evidenciado tanto en la investigación mencionada, como en muchas otras− ha sido aprovechado para organizar y ejecutar delitos de distinta naturaleza y gravedad desde el interior de los establecimientos penitenciarios”, sostuvo la jueza en el escrito dirigido a Mena.

También el fiscal Ferrari, en el marco de la investigación de la denominada Banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos robos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro, había solicitado que se les prohiba a los integrantes de la gavilla alojados en cárceles del SPB el uso de teléfonos celulares para evitar que continuaran con la planificación y ejecución de los atracos.

“Se ha consolidado una dinámica de ‘mando remoto’ donde la inteligencia criminal y la selección de blancos se realiza puertas adentro de las cárceles mediante acceso a medios digitales, mientras que la ejecución es dirigida en vivo a través de video llamadas (WhatsApp e Instagram, etcétera), garantizando el control total de los líderes sobre los subordinados que se encuentran en el exterior. Así, los cabecillas, lejos de ver limitada su capacidad de acción por estar encerrados, simplemente reacomodaron su rol dentro de la estructura, pasando a dirigir, ordenar, validar operaciones y obtener provecho desde la cárcel”, sostuvo Ferrari en su dictamen dirigido a jueces de dos tribunales orales, magistrados de Garantías, fiscales del fuero penal juvenil y al ministro Mena, que tiene a su cargo el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Finalmente los tres líderes de la banda y nueve integrantes fueron trasladados al mismo pabellón de la Unidad 61 de Melchor Romero, en La Plata, y se les prohibió el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Por Gabriel Di Nicola

• Estafas virtuales

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