Motochorros al ataque: ocho procesados y un cómplice muerto provocaron la caída de una temible banda
La organización criminal, que fue desbaratada tras una extensa investigación, protagonizó violentos robos en la ciudad de Buenos Aires
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Julio M. E. y Daniel V. C. salieron de una financiera situada a seis cuadras del Obelisco con una mochila en la que habían guardado 14 millones de pesos. Se subieron a una camioneta que habían dejado estacionada a menos de 50 metros. En ese momento no lo advirtieron, pero ya habían sido “marcados”.
Primero los iba a seguir alguien en un monopatín eléctrico; después se sumó un grupo de delincuentes en cuatro motos que fueron detrás del vehículo hasta la avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en Belgrano, donde los motochorros desplegaron toda su violencia: rompieron las ventanillas y uno de los ladrones golpeó al conductor y le gritó “¡quedate quieto, hijo de puta, te voy a matar, no arranques!”.
La víctima hizo una maniobra brusca para intentar escapar, pero terminó chocando contra un auto. La situación fue aprovechada por uno de los asaltantes para apoderarse de la mochila del conductor de la camioneta y escapar.
Fue la tarde del 17 de octubre pasado. No era el primer golpe de la banda. Cuatro meses antes, el 25 de junio de 2025, la organización criminal había seguido desde la casa matriz de un banco situado en el barrio porteño de San Nicolás hasta Palermo a una familia que acababa de recibir 200.000 dólares por la venta de una propiedad.
Cuando las víctimas llegaron a su casa, uno de los ladrones gritó: “¡Dame la mochila o te pego un tiro!”. Tras un forcejeo al que se sumaron dos cómplices, los delincuentes se apoderaron de la mochila con el dinero y luego escaparon.
La banda continuó con sus robos. El 4 de noviembre pasado, con el mismo modus operandi, los motochorros siguieron a los empleados de una empresa que debían llevar $43.200.000 desde el microcentro hasta un banco situado en Vicente López. A la altura de Iberá y Cuba, en Núñez, los delincuentes actuaron cuando el vehículo de las víctimas detuvo la marcha por un semáforo en rojo.
“Un delincuente se acercó al rodado, rompió la ventanilla delantera derecha, ingresó medio cuerpo en el habitáculo del automóvil y exigió mediante insultos y amenazas la entrega de la mochila que el acompañante llevaba a sus pies. El asaltante (quien luego fue identificado como Fernando Nahuel Marini) sustrajo la mochila y se dio a la fuga por la calle Iberá hacia la avenida Cabildo, mientras que una moto salió rápidamente en la misma dirección. En ese momento, el conductor (que terminó sobreseído) disparó su arma de fuego Glock, modelo 23, calibre 40, tras lo cual Marini resultó abatido y quedó tirado boca abajo, junto con la mochila sustraída, en la esquina de Cuba e Iberá”, según detalló el juez nacional en lo criminal y correccional Martín Yadarola en una resolución de 158 páginas donde procesó con prisión preventiva a ocho integrantes de la banda de motochorros.
Marini fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Pirovano, donde se constató su muerte.
Casi dos meses después del intento de robo en el que uno de los ladrones fue abatido por una de las víctimas, la banda volvió a actuar y se alzó con un botín de 28.260.000 pesos.
Los golpes continuaron e incluso se le adjudica a la banda el robo en una casa del barrio porteño de Parque Patricios, donde se apoderaron de un televisor de 50 pulgadas, tres computadoras portátiles (una de ellas, marca Lenovo), una memoria USB de 1 GB, una PlayStation 5 y una consola del sistema de videovigilancia instalado en la propiedad.
“Cabe señalar, en primer término, que este juzgado asumió su intervención con motivo del suceso acontecido el 25 de junio de 2025 y que, a partir del análisis de sus particularidades, se advirtió posteriormente que lo que en apariencia se presentaba como un hecho aislado podía encontrarse inserto en una actividad ilícita desplegada de manera reiterada por un conjunto de individuos dedicados principalmente a la comisión de delitos contra la propiedad”, sostuvo Yadarola.
Amplió: “En ese sentido, la hipótesis versaba sobre la conformación de un grupo que contaría con un grado relevante de estructuración interna que le permitiría sostener su accionar en el tiempo, disponiendo de vehículos y medios de comunicación utilizados para la selección previa de víctimas (personas que realizaban operaciones financieras en distintos sectores del barrio de San Nicolás -microcentro- y luego transportaban el dinero en automóviles), cuyos desplazamientos eran interceptados por varios integrantes de la organización quienes, de manera coordinada y mediante intimidación, fuerza o violencia -según el caso- procuraban el desapoderamiento del dinero perteneciente a los damnificados”.
Yadarola agregó: “La ampliación de la pesquisa, en cuyo marco se ordenaron diversas medidas investigativas, permitió corroborar tales circunstancias no solo al lograrse la individualización de algunos de los presuntos autores de distintos hechos concretos, sino también a partir de un examen integral de la información obtenida, en correlación con antecedentes previos registrados por los involucrados respecto de ilícitos cometidos bajo una modalidad similar, algunos ya juzgados y otros aún en trámite”.
De la investigación que permitió identificar a los integrantes de la banda participaron la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo del fiscal José María Campagnoli; el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) de la Policía Federal Argentina, y la División Investigaciones de Organizaciones Criminales y la Brigada C de la División Robos y Hurtos, ambas de la Policía de la Ciudad.
“El análisis comparativo de las modalidades operativas revela coincidencias en cuanto al despliegue logístico, la distribución de roles y la secuencia de ejecución. Se observa la reiteración de un esquema previamente detectado, consistente en la utilización de un sujeto a bordo de un monopatín eléctrico que oficia de ‘marcador’, encargado de identificar y seguir a la víctima desde el punto de partida, coordinando sus movimientos con motocicletas y con uno o varios automóviles adicionales destinados a brindar apoyo logístico. Tal mecánica, caracterizada por desplazamientos sincronizados, puntos de convergencia y rutas de escape definidas, coincide plenamente con la dinámica advertida en los otros eventos analizados”, explicó el magistrado en su reciente resolución.
Los sospechosos fueron identificados a partir de los vehículos utilizados en los golpes, lo que permitió sostener que “no se trató de hechos aislados ejecutados por autores ocasionales, sino de intervenciones en el marco de una operatoria reiterada y estructurada en el marco de una asociación ilícita”.
La investigación tuvo un avance importante cuando se determinó que uno de los autos utilizados por la banda se había puesto a la venta en una agencia del barrio porteño de Boedo. El cliente interesado en vender el vehículo había dejado su número de teléfono para que lo contactaran.
“Se profundizaron las diligencias, tales como la obtención de antenas e intervenciones telefónicas respecto del abonado utilizado, a raíz de lo cual se advirtió que mantenía conversaciones con diversas personas que dieron la pauta de la existencia de una banda organizada con fines ilícitos, así como se registraron, el día de uno de los robos analizados, distintos impactos de celdas en varios puntos vinculados a la secuencia delictiva”, explicó el juez Yadarola.
Como se dijo, el magistrado procesó con prisión preventiva a ocho sospechosos. En la lista no solo figuran los ladrones, sino también el dueño de la agencia de autos donde la banda compraba y vendía los vehículos que eran utilizados en los robos.
“A todos ellos se atribuye la participación dentro de una asociación criminal destinada a cometer ilícitos contra la propiedad, acciones que, en concreto, se verificaron en al menos seis ocasiones documentadas judicialmente, y que se calificarán como agravadas frente a la intervención de tres o más personas, y mediante el despliegue de fuerza y violencia”, dijo el magistrado al fundamentar las prisiones preventivas.
Además, cuatro de los sospechosos procesados tenían condenas previas por delitos como robo, estafas y encubrimiento.
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