Damián Levy, el médico que hizo la intervención, rompió el silencio, mientras que la institución deslindó responsabilidades legales sobre el procedimiento realizado
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La investigación judicial en torno a la Clínica Santa María, ubicada en Villa Ballester, profundiza en las circunstancias que rodearon la intervención médica de una menor de 12 años víctima de abuso sexual.
El caso, que derivó en el hallazgo de ocho fetos en un sector de residuos del establecimiento, movilizó a la Justicia tras una denuncia originada en Santiago del Estero. Las autoridades judiciales buscaban localizar a la niña para garantizar su integridad física, ante sospechas sobre una posible red de trata de personas en el marco de una interrupción del embarazo.

En este marco, LN+, relató en profundidad el caso en la puerta de la clínica Santa María en Villa Ballester y profundizó en las declaraciones de el médico que le practicó el aborto a la menor, oriunda de Santiago del Estero.
Damián Levy, obstetra y ginecólogo, quien también preside la fundación que costeó los gastos de la menor y de su madre desde Santiago del Estero, decidió hablar: “Tengo la convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente, acompañando a la madre y a la niña en esta situación, haciendo con la calidad y el respeto que se necesita”.
“Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal”, relató.

Según explicaron en LN+, el profesional de la salud sostuvo que decidió salir a hablar porque se vio realmente muy conmovido, desbordado por la situación.
Levy también contó que hace algunas semanas la Fundación Cígesar, encabezada por el doctor, estaba haciendo una campaña de “Salud sexual y reproductiva” en Santiago del Estero, cuando recibe la consulta de la mamá y de la nena para hacer una interrupción legal del embarazo por una violación. La madre le dijo que no podía acceder al servicio en la provincia, pese a ser legal, y que además tenía denuncia de violación.
El comunicado de la Clínica Santa María
El centro médico emitió un comunicado oficial donde intentó separar su responsabilidad asistencial de la práctica realizada. Según la versión de los directivos, la Fundación Cígesar contrató exclusivamente la infraestructura del lugar. “La Fundación Cígesar contrató a nuestra clínica exclusivamente la infraestructura necesaria para la atención de sus pacientes, desarrollando dicha atención con su propio equipo médico y paramédico”.
Bajo esta premisa, la entidad argumentó que la menor no figuraba como paciente directa del centro, sino que permanecía bajo el control exclusivo de la organización no gubernamental.
Asimismo, la clínica negó categóricamente cualquier vinculación con el supuesto tráfico de recién nacidos: “La Clínica Santa María no cuenta con servicio de obstetricia, ni realiza prácticas, procedimientos o prestaciones vinculadas con dicha especialidad”.
Las declaraciones de la Fundación Cígesar
Por su parte, la Fundación Cígesar defendió la legalidad de su accionar en los quirófanos alquilados e informó que todas las prácticas se desarrollan dentro del marco legal vigente y bajo estrictos estándares de calidad.
“La Clínica Santa María mantiene un convenio con la Fundación Cígesar mediante el cual se alquilan las instalaciones para la realización de prácticas que requieren quirófano o internación. Todas las prácticas realizadas se llevan dentro del marco legal vigente cumpliendo con la normativa aplicable y con los estándares de calidad de atención establecidos en los protocolos sanitarios vigentes”.
Asimismo, sostuvieron que: “Intervinieron autoridades en el marco de actuaciones judiciales con el objetivo de resguardar material genético necesario para la investigación de la violencia sexual que dio origen a la práctica”.
Investigación en curso

El allanamiento ordenado por la Justicia federal reveló un escenario complejo, ya que además de los fetos hallados en el depósito, los investigadores incautaron registros documentales. Estos archivos podrían confirmar si las prácticas denunciadas en la clínica poseen un carácter sistemático o si corresponden a eventos aislados.
El Juzgado Federal de Tres de Febrero y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de Malvinas Argentinas mantienen abiertas dos causas paralelas. La primera línea investigativa se centra en el presunto delito de trata de personas, mientras la segunda busca determinar las responsabilidades penales por el hallazgo de los restos biológicos.
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