El escándalo del propofol: confirman el procesamiento de dos médicos por sustracción del anestésico del Hospital Italiano
Son el anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse; la Justicia avanza sobre la hipótesis de que esas drogas se destinaban a encuentros clandestinos que se conocieron públicamente como “propofest”
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LA NACION
La Justicia confirmó hoy el procesamiento de la médica Delfina “Fini” Lanusse y el anestesiólogo Hernán Boveri, que trabajaban en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en la investigación por robo de fármacos de ese centro privado. Así lo definió por mayoría de sus jueces la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Ambos estaban siendo investigados por la sustracción de propofol, entre otras drogas de anestesia y analgesia para uso privado. Fue a partir de la muerte en febrero pasado de un anestesiólogo que trabajaba en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El joven fue encontrado fallecido con una vía conectada en el pie y, a su alrededor, frascos con esa sustancia. La hermana del médico, Alejandro Zalazar, que había terminado su residencia el año pasado, dio a conocer a las autoridades de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba) que él participaba en las denominadas “propofest”.
Para dos de los jueces que confirmaron el procesamiento, Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto, tanto los testimonios como las pruebas en el expediente “alcanzan” para sostener las imputaciones. El tercer integrante del tribunal, Rodolfo Pociello Argerich, opinó que aún hay falta de mérito para el procesamiento.
La Justicia avanza sobre la hipótesis de que esas drogas sustraídas finalmente se destinaban a encuentros clandestinos que se conocieron públicamente con aquella denominación.
La decisión de esta instancia confirma el procesamiento de hace dos meses que había dictado el juez Javier Sánchez Sarmiento por el delito de administración fraudulenta. Mientras que Boveri fue imputado como autor, Lanusse quedó como partícipe secundaria.
Esa medida no contempló detenciones, pero sí un embargo millonario. Ahora, la definición de cámara ratifica los montos trabados en aquella instancia apelada por ambos imputados. Para Boveri, de $70.929.520, y para Lanusse, de $30.929.520. También, en ese momento se les prohibió la salida del país por 90 días y Sánchez Sarmiento prohibió el contacto entre ambos.
Los integrantes de la Sala V que confirmaron el procesamiento sostuvieron en sus argumentos que los testimonios de terceros –colegas y allegados a los imputados– en el expediente son válidos, un punto que las defensas habían buscado debilitar.
Los jueces Scotto y Rodríguez Varela consideraron en su decisión que no hay signos de animosidad contra Lanusse o Boveri en esas manifestaciones, como así tampoco “circunstancias que lleven a sospechar de falsedad en sus declaraciones”.
En cambio, para el juez Pociello Argerich, hay indicios suficientes para sospechar que la exresidente y el anestesiólogo se pudieron haber puesto de acuerdo para robar los medicamentos a los que accedían por la propia práctica profesional. Sin embargo, no se pudo “establecer fehacientemente” todavía que lo sustraído perteneciera al stock de la institución donde ambos trabajaban hasta que fueron desvinculados ni que existió un daño patrimonial al hospital.
Más allá de apuntar a que las pruebas eran insuficientes al momento del procesamiento de abril, otro contrargumento de al menos una de las defensas es justamente que el Hospital Italiano de Buenos Aires no había podido demostrar el perjucio económico que le ocasionaron los dos profesionales. Ante la versión a la que había accedido LA NACION de que efectivamente había existido un faltante de stock detectado durante la revisión interna realizada en ese centro para responder un requerimiento judicial, este medio intentó en ese momento obtener la palabra de la institución al respecto, pero no fue posible.
Tras la decisión de cámara, la defensa de Lanusse se excusó de hablar sobre “lo resuelto en el expediente” o brindar cualquier otra información.
Para el magistrado que votó en disidencia con sus pares, hay “falta de mérito” para confirmar el procesamiento a la espera de más evidencias. De hecho, en la decisión conjunta del tribunal se menciona que todavía quedan pruebas por reunir para terminar de esclarecer lo sucedido aun cuando, durante la etapa de instrucción, el juzgado obtuvo “elementos de convicción suficientes para confirmar los procesamientos”. Mencionaron, por ejemplo, el peritaje de los dispositivos electrónicos de ambos imputados que sigue pendiente.
En abril, la Justicia imputó también a Chantal “Tati” Leclercq, otra médica amiga de Lanusse y, a la vez, del fallecido Zalazar. Cuando se la investigó, se determinó que habría podido tener una participación clave por la relación con ambos.
LA NACION
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