Tras los pasos de Australia y Europa: en el Congreso empiezan a debatir cómo regular el uso de las redes entre los menores
Bajo la premisa de proteger el bienestar físico y mental de niños y adolescentes, en la Cámara de Diputados diversos bloques y legisladores presentaron proyectos
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LA NACIONLucila Marin
En línea con la tendencia global, iniciada por Australia a fines del año pasado y continuada por varios países de Europa, en el Congreso nacional ya empezaron a analizar diversos proyectos para regular el uso de las redes sociales entre los menores. Bajo la premisa de proteger el bienestar físico y mental de niños y adolescentes, en la Cámara de Diputados diversos bloques y legisladores presentaron proyectos para poner fin al “vacío normativo” que hoy permite a algoritmos y modelos de negocio captar su atención y sus datos.
Con la idea de establecer un marco legal para un uso responsable, ante la extensa cantidad de estudios sobre su impacto y una tendencia de acceso temprano, las iniciativas que comienzan a ser debatidas en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes abordan distintos aspectos: desde la regulación de la privacidad de sus perfiles hasta la de los contenidos a los que están expuestos, incluyendo la prohibición de publicidad de apuestas online.
Uno de los puntos con mayores diferencias es la edad mínima para poder ingresar a las redes. El proyecto firmado por varios diputados de Unión por la Patria –Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Pablo Yedlin, María Jimena López y Hugo Yasky– propone el esquema más restrictivo. Aun si contaran con el consentimiento de los progenitores o representantes legales, prohíbe las cuentas para menores de 14 años. Desde los 14 a los 16, contemplan que los usuarios requieran autorización parental y vinculación obligatoria de sus cuentas al perfil de un adulto responsable; a partir de los 16, podrían registrarse conforme a configuraciones “reforzadas de protección”.
El proyecto presentado por María Inés Zigarán que acompañan varios integrantes de su bloque, Provincias Unidas, fija la barrera de acceso en los 13 años para “servicios de alto riesgo”, requiriendo consentimiento expreso de los padres para los adolescentes de 13 a 16 años. Prevé que, a partir de esa edad, los adolescentes puedan prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales conforme “a su autonomía progresiva”.
Esteban Paulón, también de ese bloque, se centra en otro paradigma y enfocó su proyecto en garantizar que los adolescentes puedan habitar el mundo digital “en condiciones adecuadas a su desarrollo”. “No estoy de acuerdo con la prohibición, no creo en eso. A lo que tenemos que apuntar es a que los pibes puedan usar mejor las redes, a que se involucren los padres y las escuelas. Y necesitamos avanzar cuanto antes porque está descontrolado”, dijo a LA NACION.
Todas las iniciativas coinciden en exigir mejores mecanismos de verificación de edad en el proceso de registro. Especifican que la autodeclaración, como sucede en muchas plataformas, no será una opción posible y tendrán que sumar otros métodos fehacientes como usuarios, como biometría o el uso del Sistema de Identidad Digital (SID) del Renaper. En algunos casos incluso especifican que deberán implementar controles periódicos de reverificación.
Algoritmos y datos
Los proyectos centran la responsabilidad sobre la prevención y el diseño seguro para proteger a los menores en los proveedores de servicios digitales y alcanzaría a todas las plataformas utilizadas por usuarios argentinos. En el proyecto de UxP, por ejemplo, ejemplifican con X, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, pero también con aplicaciones de mensajería masiva y comunicación grupal como WhatsApp, Telegram o Discord. De aprobarse, deberían presentar ante el Congreso semestralmente un informe público que especifique estado de implementación de las medidas, plan de mejoras y estadísticas.
El incumplimiento de los proveedores a las obligaciones fijadas en la ley recibiría sanciones que van desde apercibimientos, auditorías o multas hasta su cancelación en todo el territorio nacional, según los borradores.
Todas las propuestas apuntan a la privacidad de los perfiles: buscan que la protección no dependa de un ajuste manual del usuario, sino que sea la configuración inicial obligatoria. Pablo Juliano, también de Provincias Unidas y que presentó su propio proyecto, define “el diseño seguro por defecto” como uno de los principios rectores de su ley.
Cuando se cree la cuenta, la plataforma debería aplicar el máximo nivel de privacidad disponible: por ejemplo, un perfil privado (no visible para desconocidos), con la geolocalización desactivada, que solo puede recibir mensajes directos de contactos aprobados y cuyas publicaciones no son amplificadas por el algoritmo hacia usuarios que no conoce.
Es lo opuesto a lo que hacen hoy la mayoría de las plataformas, donde el perfil por defecto es público y luego se pueden restringir mediante ajustes. La ley buscaría exigirles invertir esa lógica para los menores de edad.
Avanzan, a la vez, sobre los algoritmos adictivos. Todos los identifican como un riesgo estructural para el desarrollo de los menores. La iniciativa de Juliano no prohíbe el uso de redes para menores, pero sí prohíbe el perfilamiento conductual para menores de 13 años y las técnicas de diseño adictivo que buscan maximizar la permanencia en pantalla. En la misma línea, la de Unión por la Patria propone la prohibición de algoritmos que empleen datos personales para la “captación compulsiva de la atención”. El que presentaron el resto de los integrantes de Provincias Unidas se enfoca en la privacidad desde el diseño, exigiendo evaluaciones de impacto antes de lanzar nuevas funciones digitales que puedan generar un “uso compulsivo”.
“Estás permitiendo un mercado donde la atención de los chicos es la mercadería. Hay que erradicarlo. Además de la atención, me parece importante hablar de la desproporcionalidad. ¿Cómo les vas a pedir a las familias que peleen contra estas empresas?”, apuntó Juliano en diálogo con LA NACION para remarcar la importancia de la regulación.
Al igual que con la regulación del cigarrillo, los proveedores deberán informar de manera “clara, accesible y previa” a los usuarios menores de edad y a sus progenitores los riesgos asociados al uso de redes sociales, las configuraciones de privacidad aplicables y los mecanismos de denuncia y asistencia disponibles.
Tendrán, además, que implementar mecanismos para detectar y prevenir usos problemáticos o compulsivos, como emisión de alertas al usuario. Juliano propone un “diseño seguro obligatorio” que incluya límites automáticos de uso continuo e interrupciones activas no eludibles. El proyecto de Provincias Unidas obliga a las empresas a realizar evaluaciones de impacto para identificar si sus interfaces (como el autoplay o las notificaciones) incentivan el uso compulsivo, exigiendo configuraciones “por defecto” que las eviten. Desde un enfoque de salud pública, Paulón propone que la autoridad de aplicación genere protocolos de identificación y atención de usos problemáticos.
Las iniciativas coinciden en que los proveedores deberán poner a disposición recursos de control parental que permitan la administración de permisos, limitación de tiempos de uso, filtro de contenidos, bloqueo y autorización de descarga de aplicaciones o compras. También, en que deberían aplicarse respetando la autonomía del menor, quien además debe saber que está siendo supervisado.
Publicidad, influencers y apuestas
Las iniciativas también avanzan sobre la publicidad. Las de Provincias Unidas y la de UxP coinciden en prohibirla para menores de 16 años. Para los adolescentes de 16 a 17 años, deberá ser “adecuada a su edad”. Y remarcan que no podrán amplificarse por esta vía productos prohibidos para menores de 18. Serán las plataformas las que deberán implementar “medidas técnicas” para impedir la segmentación publicitaria prohibida. En el caso de Juliano, plantea que sea para los menores de 13 y luego, que no esté permitido que sea sobre la base de sus conductas.
Tampoco podrán estar expuestos a publicaciones con recomendaciones o con contenido médico, salvo que lo diga un profesional con matrícula vigente. El proyecto de Paulón aporta también la regulación a los influencers: obliga a que los contenidos con fines comerciales sean identificados como “publicidad”.
El de UxP también establece que las búsquedas asistidas por inteligencia artificial —como chats o sistemas automáticos de respuesta— deberán incorporar filtros de seguridad para bloquear consultas vinculadas a autolesiones, suicidio o trastornos alimentarios; apuestas y juegos de azar; material pornográfico o de explotación sexual infantil; y contenidos que promuevan la violencia, conductas de riesgo o el acoso digital.
Cuando detecten consultas o patrones de interacción que reflejen un “riesgo crítico” para el menor, la plataforma deberá implementar un protocolo de crisis: bloquear la información, mostrar recursos de ayuda y líneas de asistencia, y notificar a las cuentas de adultos responsables vinculadas.
Buscan legislar, además, sobre las apuestas y las plataformas de pago digitales como también restringir o vetar las “cajas de recompensa” o premios aleatorios en videojuegos. Los proyecto de UxP y Paulón especifican que no podrían promocionarse a los menores en las plataformas digitales. El primero propone además obligar a las billeteras virtuales a implementar bloqueos automáticos de transacciones hacia sitios de apuestas y notificar de inmediato a los padres ante patrones de consumo sospechosos.
La escuela
No hay consenso sobre el uso de los celulares en el ámbito escolar. El proyecto de UxP propone prohibir el uso de celulares y dispositivos personales durante todo el horario de clases en los tres niveles obligatorios, con la excepciones de usarlos con fines pedagógicos. Juliano introduce el “derecho a la desconexión escolar”, prohibiendo que las instituciones exijan tareas o comunicaciones virtuales fuera del horario de jornada o durante el receso. Por su parte, Paulón apuesta por la formación en “ciudadanía digital” para que los alumnos aprendan a detectar fake news y material abusivo, dejando la regulación del uso de dispositivos en manos del Consejo Federal de Educación.
Los proyectos comenzaron a debatirse en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, presidida por Yedlin, con María Gabriela Flores de La Libertad Avanza como vicepresidenta. “Estamos en una etapa de escucha e investigación. Estamos pidiendo información a los ministerios de Justicia y Seguridad para saber que está haciendo el Ejecutivo actualmente para luego legislar. Por supuesto que si involucra el interés del niño vamos a habilitar la discusión”, dijo Flores a LA NACION. Esperan avanzar con las reuniones luego del receso invernal.
“Esperamos que, como trata sobre derechos de los niños, sea más fácil construir consenso. Para nosotros debería haber un fuerte consenso de diferentes políticas para abordar una problemática que afecta en diferentes formas a los adolescentes y cómo se vinculan”, apuntó en el mismo sentido el exministro de Educación y ahora diputado Nicolás Trotta.
Era, además, un reclamo de las familias. “La regulación de las plataformas no debe leerse solamente como una discusión normativa, sino como parte de una evolución necesaria frente a la transformación de la comunicación humana. La infancia ya transita su vida social dentro del ecosistema digital, por eso si un niño es sujeto de derecho en el mundo físico, no pierde esa condición cuando enciende un celular, que es muchas veces su puerta de entrada al mundo digital”, señaló Roxana Domínguez, fundadora de la Asociación Mamá en Línea e impulsora de la ley ya aprobada contra el grooming, sancionada tras el femicidio de Micaela Ortega, la adolescente de 12 años asesinada por su acosador en Bahía Blanca.
“Esto no significa que va a trasladar toda la responsabilidad a una sola parte. Exige una responsabilidad compartida entre la familia, el Estado y las plataformas. Las familias acompañamos, el Estado regula y garantiza derechos, y las plataformas deben asumir que son sus entornos también pueden ser espacios de riesgo”, agregó.
“El equilibrio digital forma parte de la solución. Si bien los entornos digitales requieren regulación, transparencia, un diseño adecuado a la edad, mayores medidas de seguridad y confianza, y responsabilidad, la evidencia debe avanzar al ritmo de la tecnología, lo que exige una investigación independiente y longitudinal en diferentes contextos socioeconómicos y regiones. Por encima de todo, debemos escuchar a los jóvenes de hoy. Como usuarios activos de la tecnología, pueden contribuir a que los entornos digitales evolucionen de manera responsable”, publicaron este miércoles en Project Syndicate el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Es la primera declaración de posición pública de ese organismo sobre la “necesidad urgente” de que los estados tomen medidas en este asunto global.
“Este proceso exige una colaboración constante entre los gobiernos, la industria, la sociedad civil y las instituciones de salud pública, basada en un compromiso compartido para maximizar los beneficios y minimizar los daños”, afirmaron.
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