La Comisión Apícola de Carbap criticó la obligatoriedad del DT-e para trasladar material melario y alertó sobre problemas de conectividad, mayores costos administrativos y dificultades para cumplir con el trámite
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La decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de exigir desde el próximo 1 de agosto el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para el traslado de material apícola melario desde los apiarios hacia las salas de extracción generó un fuerte rechazo en el sector. Tras conocerse la medida, desde la Comisión Apícola de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) cuestionaron la implementación del nuevo sistema y advirtieron sobre el impacto operativo y económico que podría tener sobre los productores.
La nueva disposición establece que los apicultores deberán autogestionar el DT-e mediante el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa), mientras que las salas de extracción deberán cerrar el trámite para garantizar la trazabilidad del movimiento. Según explicó el organismo, el objetivo es fortalecer los controles sanitarios, digitalizar el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA) y verificar que el material melario no permanezca más de 48 horas en las salas de extracción.
Además, el Senasa sostuvo que la medida permitirá reforzar las garantías sanitarias frente a los mercados internacionales y contribuirá a prevenir el ingreso del Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC), una plaga considerada de alto riesgo epidemiológico y presente en países vecinos como Brasil, Bolivia y Paraguay.

Desde Carbap cuestionaron la necesidad de incorporar una nueva exigencia burocrática y aseguraron que el sistema actual ya garantiza la trazabilidad total de la miel argentina. “Instamos a revisar esta medida y generar canales de diálogo conducentes, efectivos y concretos para encontrar la manera de que el productor pueda dedicarse a lo que sabe: producir y agregar valor”, señalaron desde la entidad.
La entidad ruralista expresó además su sorpresa por la implementación “inconsulta e intempestiva” de la medida. “En un modelo de gestión estatal simplificado, desburocratizado y de baja de costos, se haya implementado esta medida sin consenso”, afirmaron. En ese sentido, remarcaron que el SITA “es elogiado y único en el mundo” y que actualmente ya cumple con los requerimientos de los compradores internacionales para demostrar la trazabilidad de la miel.
Según indicaron, las objeciones al nuevo esquema fueron planteadas desde junio de 2024, durante una reunión del Consejo Nacional Apícola realizada en Cipolletti, Río Negro, aunque aseguraron que no fueron escuchadas. “Nos preguntamos a quién le sirve esto, quién insistió con este sistema y por qué”, expresaron.

Rubén Montero, coordinador de la Comisión Apícola de Carbap, afirmó a LA NACION que las entidades del sector vienen advirtiendo desde hace meses sobre las dificultades que implicará la medida para los productores. “En el Consejo Nacional Apícola de 2024 en Cipolletti ya le planteamos al ingeniero Mauricio Rabinovich (jefe del Programa Nacional de Sanidad Apícola) que esta medida iba a ser de posible incumplimiento para gran parte del sector”, señaló.
Según explicó, desde el organismo justificaron el nuevo sistema en supuestos pedidos de los países compradores para reforzar la trazabilidad, aunque sostuvo que eso ya está cubierto con el SITA. “Nosotros demostramos que con el sistema actual la trazabilidad queda totalmente garantizada”, indicó.
Montero también cuestionó la contradicción entre el nuevo requisito y el discurso oficial de desregulación. “No entendemos cómo un gobierno que dice que viene a desregular termina incorporando más regulaciones”, afirmó. En esa línea, dijo que desde hace ocho meses vienen solicitando reuniones con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sin obtener respuestas.
El dirigente explicó, además, que el sistema no contempla la dinámica real de la producción apícola. “El productor sale al campo sin saber exactamente qué cantidad de miel va a cosechar. Luego lleva el material a la sala de extracción y después se conforman los lotes. No hay una justificación técnica para exigir reflejar desde qué lugar exacto se saca cada carga”, sostuvo.

Otro de los cuestionamientos apunta a las dificultades tecnológicas y operativas que conlleva la actividad misma. “La página de Senasa muchas veces no funciona en condiciones óptimas. Esto le hace la vida terrible al productor, especialmente a quienes no tienen acceso adecuado a tecnología o conectividad”, indicó Montero. Además, advirtió que la implementación podría obligar a muchos establecimientos a sumar personal administrativo únicamente para cumplir con los nuevos trámites.
Por ende, mencionaron que la medida podría afectar la producción y generar retrasos en plena recolección, un período donde el tiempo operativo resulta clave. “Hay productores grandes que directamente no van a cumplir con este trámite”, aseguró Montero, quien agregó que “esto podría significar un freno importante a nivel productivo”.
El dirigente recordó que el sistema alcanzará a unas 1,2 millones de colmenas en todo el país y remarcó el delicado escenario económico que atraviesa la actividad. “Los costos están muy ajustados. Dependemos de la producción, la mano de obra y los combustibles. En muchas zonas estamos empatados y en regiones extrapampeanas directamente no logran cubrir costos”, señaló.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 56% de la producción nacional de miel, mientras que junto con Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba integran la región pampeana, desde donde sale alrededor del 80% de la miel producida en el país.
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