A 50 años del golpe. La democracia que supimos conseguir

Pasaron cincuenta años del golpe de Estado que inauguró la dictadura más feroz de nuestra historia. El aniversario mostró cuán vigente está esa experiencia en la memoria de los argentinos, aunque también permitió ver sus límites, pues para amplios sectores ocupa un lugar menor entre sus preocupaciones. Las tribulaciones del presente no son ajenas a aquel pasado traumático, pero, transcurrido medio siglo, exigen reflexionar sobre lo que vino después.

El golpe y sus consecuencias

El golpe militar de 1976 fue uno de los más anunciados de los tantos que vivió la Argentina a partir de 1930. Como suele decirse: no cayó como un rayo en cielo sereno. La situación de esos años era cualquier cosa menos serena, pero para entender que se recurriera a las Fuerzas Armadas para remediarla es necesario atender al lugar que ocupaban en la vida política: un factor de poder insoslayable que, en nombre de la nación, se erigía por encima de las instituciones de la república. Era la misión que se asignaron, con la aprobación explícita o implícita de sectores civiles diversos. Así ocurrió en 1930, 1943/46, 1955/58 y con mayor frecuencia, en los años 60 y 70. En todos estos casos, los militares en el poder contaron con apoyos –según el momento- de organizaciones sociales, partidos, corporaciones, grupos de interés, de casi todos los colores políticos e ideológicos. Los argentinos de a pie también contribuyeron a su legitimidad, pues simpatizaban con quienes aparecían encarnando al todo nacional.

A principios de 1976 todos anticipábamos el golpe, muy pocos lo temíamos. Muchos esperaban un “gobierno de orden”, que controlara una situación que consideraban desquiciada. Lo que siguió fue represión, desmantelamiento de organizaciones sociales y políticas, y el montaje de una máquina estatal de terror. Durante varios años sus efectos fueron minimizados por amplios sectores en nombre de esa paz armada que prometía felicidad. Y cuando el poder militar fue sufriendo desgastes y comenzaron reacciones en su contra, sus jefes recurrieron a la “causa nacional” que movilizaba a gran parte de los argentinos, más allá de toda razonabilidad. En su nombre, se jugó el mundial de fútbol en 1978, y luego, la apuesta mayor y más nefasta: la guerra de Malvinas. No se equivocaron: hasta los perseguidos del régimen salieron a vivarlos. Y fue la aplastante derrota del 82 la que marcó el principio del fin para el régimen.

Esta dictadura montó un aparato de terrorismo de Estado de carácter inédito, impuso cambios drásticos en materia económica, intervino en todas las esferas de la vida ciudadana. Pero vista en perspectiva, está en continuidad con la historia previa; lo nuevo fue la intensidad y la escala de sus actuaciones. Por eso se la suele considerar un parteaguas en nuestra historia, en la medida en que nunca antes habíamos sufrido una acción estatal criminal de tal magnitud. Sin embargo, sostengo que el viraje fundamental respecto al pasado no está dado por ese desempeño excepcional, sino por lo que vino después de la caída de la dictadura: un nuevo ciclo político en el que quedaron atrás los rasgos que habían predominado en el medio siglo anterior.

Comienza un nuevo ciclo

El viraje se inició a fines de 1983, con las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al radical Raúl Alfonsín. La historia anterior hacía prever que el peronismo ganaría la partida, por lo que este resultado fue un primer indicio de que algo estaba cambiando en la sociedad argentina.

Hoy celebramos algunos de esos cambios que se probaron duraderos. Vivimos en una república donde rige el estado de derecho, se realizan elecciones periódicas, las sucesiones presidenciales han mostrado alternancia, funcionan los tres poderes del Estado, están vigentes libertades y derechos que se han ido ampliando, contamos con una esfera pública vigorosa. Sobre todo, se ha desterrado el peligro de los golpes militares, pues las Fuerzas Armadas ya no son un factor de poder determinante. Sin embargo, no estamos tranquilos: hemos vivido de crisis en crisis, con una economía que alterna entre políticas liberales y populistas que no logran una salida del estancamiento y la pobreza crecientes. Tampoco la vida política ofrece consuelo, con un Estado ineficiente, atravesado por clientelismo y corrupción, con los mecanismos de representación ciudadana deteriorados.

Todo esto es sabido. Menos se ha dicho, en cambio, de una cuestión medular para la vida colectiva. Me refiero a cómo esta nación que llamamos Argentina se fue redefiniendo y reconstruyendo como comunidad política sobre las heridas que dejó la década previa de violencia y terror. Los sucesivos gobiernos civiles quisieron redefinir el tejido comunitario nacional a su manera, sin lograr éxitos definitivos. Todos ellos proclamaron su adhesión a la república democrática, pero la concibieron y buscaron forjarla según sus propios criterios. En ese sentido, distingo dos matrices principales que aparecieron sucesivamente en estos cuarenta años, y que continúan vigentes como modelos superpuestos de lo que queremos ser.

Una república democrática pluralista

Comienzo en 1983. Ya como candidato, Alfonsín había sintonizado con el humor social en el ocaso del régimen militar. La democracia era el motivo central de su discurso y su proyecto de refundar la república, a partir del cual movilizó la esperanza colectiva. Luego de décadas de indiferencia, hostilidad o desprecio hacia los marcos institucionales republicanos, los argentinos encontraron allí una consigna programática unificadora. La fórmula implicaba una crítica al régimen militar a la vez que se diferenciaba de tradiciones previas que sustentaban la identidad nacional sobre la uniformidad cultural o ideológica como sedimento colectivo. En este caso, en cambio, el fundamento de la unidad remitía al pacto político plasmado en la Constitución, sobre cuya base se proponía reconstruir la república en clave de democracia pluralista.

Ese proyecto pronto incorporó un motivo hasta entonces ausente de las preocupaciones políticas de los argentinos, la cuestión de los derechos humanos. Su introducción local tuvo su origen en la acción pionera de los organismos de derechos humanos durante la dictadura. Sin embargo, todavía en 1983 el tema no se encontraba entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Desde el principio el nuevo gobierno encaró un proceso de revisión del pasado inmediato en que esos derechos se habían violado sistemáticamente. Sabemos lo que costó llevar adelante esa tarea que, con sus alcances y limitaciones, culminó con el Juicio a las cúpulas militares y de los movimientos guerrilleros y con la afirmación de una consigna que selló la voluntad de cambio: Nunca Más.

El gobierno de Alfonsín no contó con el apoyo inicial de ninguno de los poderes fácticos del momento –FFAA, Iglesia, grandes grupos económicos, sindicatos obreros-, ni de buena parte del principal partido de oposición. Para contrarrestar esas desventajas, apeló de manera directa a la ciudadanía y buscó un acercamiento a sectores políticos, incluyendo al núcleo renovador del peronismo, que se sumaron a la prédica democrática. Esto le permitió sortear algunos de los ataques más duros en su contra, incluyendo los planteos militares, y poner en marcha su proyecto. El país entró en un período de novedades políticas: la reconstitución de las instituciones y poderes del Estado, una reactivación de los partidos políticos, la reinstalación y ampliación de libertades y derechos, la reivindicación de valores de solidaridad y justicia social, un renacimiento de la vida pública en clave pluralista.

Sobre esa matriz, se comenzó a recomponer la república. Los serios problemas políticos y económicos de la segunda mitad del mandato presidencial se procesaron dentro de esos marcos. Las elecciones nacionales llamadas en tiempo y forma dieron el triunfo al peronismo, pero la presión política llevó a una entrega anticipada del poder al nuevo presidente, Carlos Menem. No obstante las tensiones de esta transición, la sucesión electoral entre partidos diferentes fue una novedad auspiciosa para la nueva democracia.

El gobierno entrante impuso cambios radicales en materia económica y social, a la vez que mantuvo el piso de democracia pluralista ya instalado. Introdujo, sin embargo, algunas modificaciones en la letra y el espíritu previos. Hubo un reorientación en la retórica y las acciones presidenciales, que apuntaron a un liderazgo personalista y a la erosión de la división de poderes en pos de un Ejecutivo fuerte. Con un estilo opuesto al más deliberativo de Alfonsín, Menem optó por un decisionismo que concitó inicialmente considerable apoyo social.

Un giro más importante se dio en el tratamiento del pasado reciente y sus heridas. La reconstrucción del tejido comunitario nacional exigía lidiar con ese pasado y en ese punto, Menem intervino en un sentido diferente al de su antecesor. Consideró necesario clausurar las controversias sobre el terrorismo de Estado y la violencia de los 70 y para eso, licuó logros anteriores en materia de justicia y defensa de los DDHH para culminar con el indulto a jefes militares y guerrilleros condenados en 1985. Con un mensaje de reconciliación nacional, se propuso dejar atrás las divisiones entre argentinos, poner un manto de olvido sobre la última dictadura y las violencias previas, sellar las heridas todavía abiertas para “inaugurar un tiempo de síntesis sin ningún tipo de exclusión”.

Por otra parte, Menem avanzó con decisión en el proceso destinado a debilitar el poder económico y político de las Fuerzas Armadas, y logró que terminaran de perder su centralidad previa. La reforma constitucional fue otro hito de su gobierno. Aunque controvertida, concitó apoyos de la oposición radical y de otros sectores y desembocó en un proceso de reforma institucional perdurable.

La república quebrada

El final del período menemista y las elecciones de 1999 llegaron en medio de una crisis económica y social aguda, pero la nueva etapa se abrió con una nota optimista: la alternancia. Había ganado una fórmula propuesta por una alianza entre la tradicional UCR y el nuevo Frepaso, lo que además modificaba la arraigada tradición del bipartidismo. La democracia se anotaba un punto.

Luego vinieron dos años muy conflictivos. No me voy a detener en las vicisitudes del fracaso de esta experiencia, sino apenas dar cuenta de un momento grave para la supervivencia de la comunidad política como venía sosteniéndose desde 1983. Ante la parálisis del gobierno, la endogamia de los partidos, y la asfixiante situación económica, se desató una reacción social de una contundencia pocas veces vista en la historia reciente. Una explosión de protestas, espontáneas y alentadas por organizaciones sociales y políticas, recorrió la Argentina en cascada. El presidente De la Rúa renunciaba y, dada la dimisión anticipada del vice, Carlos “Chacho” Alvarez, el Poder Ejecutivo quedó vacante. El sistema político en su conjunto mostraba su incapacidad para cumplir su rol representativo, avivando así la consigna popular “que se vayan todos”. La situación era límite. Mientras las protestas eran confrontadas por fuerzas de seguridad y la violencia escalaba, desde abajo se ensayaban creativas formas de auto-organización social en un país casi sin Estado y con una dirigencia alienada. En paralelo comenzaron a movilizarse los recursos institucionales disponibles para la emergencia, y el Congreso acordó una salida: la designación de un presidente de transición, el senador Eduardo Duhalde, quien encabezó el gobierno hasta las elecciones.

La república pareció a un tris de desintegrarse, pero finalmente sobrevivió, con nuevas heridas que recomponer. Un signo positivo: no hubo recurso a soluciones mágicas ni retorno de los militares. La afirmación institucional iniciada en 1983, aunque debilitada, seguía en pie y el gobierno de emergencia logró controlar la situación y encarrilar la salida de la crisis. Pero el 2001 dejó una marca muy fuerte en la memoria de los contemporáneos.

Hacia una democracia unanimista

Así se llegó a las elecciones de 2003. Consagrado presidente con un magro 22% de los votos, Néstor Kirchner se abocó de inmediato a incrementar su capital político. Y lo hizo a partir de una confrontación con sus predecesores, tanto en el plano de las políticas públicas como de la recomposición del tejido nacional. Frente al proyecto previo de una democracia pluralista, fundada sobre el respecto universal de los derechos humanos, el rechazo a la violencia política y el fortalecimiento de la institucionalidad republicana, el nuevo gobierno optó por seguir otro camino.

El proyecto impulsado por el gobierno se basó en un motivo de larga prosapia en la Argentina, en versión renovada: la construcción de una nación homogénea en el plano político-ideológico, unida por un liderazgo hegemónico que encarna y a la vez constituye al pueblo como totalidad, legítima base de la nación. En este caso, Kirchner –y más tarde su esposa y sucesora, Cristina Fernández- se erigió en ese líder popular, mientras que cualquiera que disputara su lugar o su proyecto quedaba automáticamente colocado en el campo enemigo de la nación verdadera. He ahí el núcleo simplificado de una formulación destinada a durar, que buscó desmontar el modelo de una democracia en clave pluralista y convivió dificultosamente con el entramado institucional republicano que, sin embargo, siguió vigente.

El éxito popular inicial de ese viraje reconoce causas diversas, entre las cuales destaco tres: la degradada situación de la vida política y del sistema representativo, la larga tradición unanimista de la Argentina y la colosal operación político cultural del gobierno para reinstalarla en el presente.

La construcción de un relato del pasado argentino fue clave en la definición de una identidad colectiva en tiempos de fragmentación de las filiaciones partidarias, desorientación ideológica y vacío representativo. Se forjó así el peronismo kirchnerista, como constelación político ideológica que reunió a sectores de origen partidario diverso en torno a la “causa nacional y popular”, identificada con el relato único enunciado desde el poder. En él, los Kirchner representan el último eslabón de la genealogía de héroes que encabezaron las luchas del pueblo argentino contra sus eternos enemigos, desde la Colonia hasta el presente, una historia lineal de buenos y malos que encuentra en los “años 70” su capítulo más heroico. En una reversión de la política de olvido impulsada por el gobierno peronista anterior, Kirchner reinstaló el tema de la revisión de los crímenes de la dictadura, pero a partir de un relato memorial oficial que consagró una verdad única y obstruyó así el debate sobre ese pasado traumático. En palabras de Claudia Hilb, este período “estuvo signado por una apropiación crecientemente partisana de la temática de la memoria, que tuvo como consecuencia la erosión de la universalidad de la reivindicación de los derechos humanos”.

Quienes no se sintieran interpelados por el nuevo relato quedaban automáticamente signados como enemigos del pueblo, reaccionarios o gorilas, categorías que implicaban la exclusión del campo popular y, por ende, de la comunidad política nacional. Así se consolidó la famosa “grieta”, entre los seguidores del gobierno y aquellos que no se alineaban con los buenos de esta película; grieta que separó familias, amistades, colegas, y obstaculizó la conversación y discusión ciudadanas.

La división entre quienes adherían incondicionalmente al kirchnerismo y el resto, de filiaciones diversas, marcó a fuego esas presidencias. La versión que impulsaron del todo nacional se impuso entre sectores amplios de la población, que se inclinaron por abonar la hegemonía del populismo autoritario. Pero lo que parecía un modelo consolidado no resistió sus propios excesos y fue perdiendo el atractivo que ejercía más allá de sus seguidores más fieles. El resultado fue la derrota del peronismo en las elecciones de 2015. La matriz de comunidad política sobre la que fundaron su proyecto no quedó descartada, pues siguió y sigue teniendo vigencia como ideal para una parte no menor de los argentinos.

Dos modelos en escena

Vinieron años complicados, en que los dos modelos previos de nación, con sus variantes, coexistieron, confrontaron en el espacio público y se alternaron en la voz de las presidencias de Macri y Fernández. Mientras tanto, la política práctica no lograba satisfacer las demandas de representación en una ciudadanía crecientemente desencantada. En ese escenario incierto, fue ganando terreno un personaje estridente y provocador, que venía abriéndose paso desde la retaguardia, un outsider, Javier Milei, quien se lanzó al ruedo como luchador contra la casta política y ganó la partida electoral.

Las elecciones fueron limpias y, si somos optimistas, podemos afirmar que triunfó la democracia, con la alternancia en el poder entre partidos diferentes. Esa mirada deja de lado, sin embargo, procesos de más larga duración, que muestran una afinidad profunda entre las formas de hacer política y de concebir la república de la nueva fuerza en el poder y el kirchnerismo al que desplazó. No obstante sus colocaciones ideológicas y programáticas opuestas, ambos movimientos comparten una matriz común de comunidad política, distante de la que se ensayó en los 20 años previos. Resumo sus principales rasgos:

-El desprecio por aspectos institucionales clave de la matriz republicana, como la división y el equilibrio de poderes, junto con una jerarquización del Poder Ejecutivo, asociado al personalismo en el ejercicio de esa función.

-La aspiración al unanimismo que, en contraste con el pluralismo, les permite presentarse como la única y verdadera voz del pueblo.

-El uso vicario de la historia, en función del proyecto oficial. En este caso, se invierte el lugar de los héroes y villanos de la versión anterior, y ahora es Milei el que ocupa el pináculo de la virtud.

-La subordinación del motivo éticamente clave de la defensa de los derechos humanos a la lucha partisana, hasta llegar a los extremos actuales del oficialismo que busca borrar todo lo que se fue logrando en ese terreno desde 1983 en adelante.

-La llamada “batalla cultural”, que pretende imponer un relato único, hegemonizar el discurso público, deslegitimar las opiniones diferentes, cancelar el debate plural. La agresividad resultante escala peligrosamente. Ya hemos vivido la violencia en sede política y dijimos Nunca Más, pero hoy hasta ese mandato ha caído en la nueva/vieja grieta.

¿El futuro?

No obstante los profundos conflictos que han atravesado nuestra sociedad en las últimas cuatro décadas, la república democrática sigue en pie. En el marco de proyectos diversos, esta Argentina plural ha demostrado capacidad de reacción para contrarrestar programas de uniformización y cancelación de las diferencias, cuando devienen autoritariamente hegemónicos. Esperemos que en un futuro cercano logre, además, ir más allá para crear y sostener alternativas que profundicen la vocación republicana y democrática que da sentido a nuestra vida en común.

Por Hilda Sabato

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